BAREYO, 2 (EUROPA PRESS)
Más de un centenar de campistas se han concentrado este domingo en Ajo, en el municipio cántabro de Bareyo, para denunciar el “engaño” que han sufrido por parte de la dirección del camping Las Arenas, tras una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que ordena el cese de actividad y la demolición de parte de la instalación ya que se ubica en suelo “ilegal”, lo que afecta a unas 100 familias –en su mayoría vascas– que no tenían conocimiento de ello.
Debido a ello, recientemente, el Ayuntamiento procedió a cortar a los módulos de esta parcela los suministros de luz y agua, “sin previo aviso”, según los afectados.
Los manifestantes han respondido así a la convocatoria de la Asociación de Campistas-Fijos de Las Arenas, que se han concentrado al mediodía en el parque de La Bolera bajo una gran pancarta en la que se podía leer ‘Dueños forrados, campistas estafados’.
Tras la concentración, los participantes se han dirigido a la vivienda de los propietarios del camping, donde han gritado consignas como ‘Vende Movil home, se compra un casoplón’ o ‘De nosotros no te rías, vete tú a Frías’. Además, han lanzado octavillas por la verja del jardín.
En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la asociación, Jesús Ángel Arteagoitia, ha relatado que, ante la medida “unilateral” y “sorpresiva” tomada desde el Ayuntamiento de cortarles los suministros de luz y agua, conversaron con el alcalde, Pedro Prieto, que fue quien les informó de la existencia de la sentencia del cierre de la zona ilegal del camping.
“Al parecer estamos viendo que la parcela ha sido ilegal siempre y no nos dijeron la verdad”, ha denunciado Arteagoitia, que ha lamentado que el negocio del camping “ha prosperado gracias a un engaño”.
“Ahora hemos llegado a esta situación sin ninguna información de ningún tipo”, ha lamentado el presidente de la asociación, que ha reprochado que los “primeros” que les tenían que haber informado de la “realidad” son los propietarios del camping, que ya tenían un proceso abierto por la Consejería de Turismo desde 2008, del que “nos dieron un preaviso pero nunca nos han aclarado la situación ni nos han informado”, ha asegurado.
Por otra parte, Arteagoitia, que lleva 27 años en Ajo, ha subrayado que, en principio, los campistas no tienen ninguna intención de abandonar el lugar y que un centenar de módulos son “propiedades privadas”. Por ello, ha dicho que reclamarán, a través del Ayuntamiento o de los tribunales, que se les reconozca como parte interesada en el proceso administrativo.
Como primer paso para este reconocimiento han solicitado en un escrito que el Consistorio les devuelva el agua y la luz que “nos han quitado sin previo aviso y eso creemos que es un delito”.
Asimismo, ha mostrado el “pesar” que esta situación está acarreando a los campistas ya que “nos dijeron que este iba a ser nuestro sitio de verano y ha sido todo un engaño”.
Mientras, la abogada de la asociación, Ainara Leiba Zabalbeitia, ha detallado que muchos de los campistas afectados tienen contrato de temporada en vigor y ha indicado que están trabajando en el borrador de una querella por un delito continuado de estafa.
Otros afectados, como Patxi y Ainhoa, han lamentado las pérdidas que esta situación conlleva tanto a nivel económico –el módulo tiene actualmente un valor de entre 35.000 y 40.000 euros–, como emocional, especialmente, para los niños, y han reafirmado que “lucharemos” para que los propietarios del camping no se vayan “de rositas”.
ILEGALIDAD
La resolución obliga al cese de actividad de las parcelas en suelo “ilegal” tras ampliaciones hechas –según los campistas– “sin permiso ni licencia” y de forma “clandestina” por la dirección desde 2008. La asociación fue constituida en 2019 tras saber que el camping se enfrentaba a resoluciones “adversas” de Turismo.
Además, los afectados afean a la dirección “ocultar” esa situación de ilegalidad en el momento de la venta de los ‘mobil homes’ (segundas viviendas) destinados a dicho suelo y, después, con el pago del alquiler anual por las parcelas “ilegales” que ocupan.
A la concentración de este domingo se sumarán otras convocadas por el colectivo el día 23 y el 13 de abril, y el 21 de ese mes, a las 12.30 horas, en la Plaza frente al Ayuntamiento.
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