PALMA, 1 (EUROPA PRESS)
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará a partir del próximo martes (09.30 horas) y hasta el viernes a diez acusados de estafar de forma continuada a una mujer mediante ejecuciones hipotecarias fraudulentas en Mallorca.
Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación, en el que pide que sean condenados a penas que suman 71 años de prisión y una multa total de cerca de 77.000 euros, los hechos se remontan a 2011, cuando dos de las procesadas aprovecharon su amistad con una de las víctimas para pedirle un favor.
Éste consistía en constituir una hipoteca sobre un inmueble de su propiedad –una finca– a fin de obtener un préstamo. La perjudicada accedió y declaró haber recibido en calidad de prestataria un importe total de 75.000 euros en efectivo a favor de los prestamistas, cuatro de los acusados.
Se estipuló un día de octubre del año siguiente como fecha de vencimiento del préstamo, devengando la suma adeudada intereses del 5 por ciento anuales y fijando la tasación de la finca a efectos de subasta en 155.250.
Con el fin de otorgar apariencia de verosimilitud a la operación y acrecentar la confianza puesta sobre ella, la supuesta amiga de la víctima le aseguró la devolución de los 75.000 euros a través de la firma de un reconocimiento de deuda.
En 2013, siguiendo este mismo ‘modus operandi’, embaucaron a la víctima en tres ocasiones más –dos de ellas el mismo día– aprovechando que ésta sufría dificultades económicas. En una de las ocasiones le engañaron bajo el pretexto de necesitar activo líquido para traer a España el importa de una suculenta herencia que venía del extranjero.
Dado que el día de vencimiento de los diferentes préstamos ninguno de ellos fue restituido, los supuestos prestamistas –pues nunca llegaron a entregar el dinero íntegro a la víctima, solo 5.000 euros para tratar de no levantar sospechas– comenzaron a presionar a la perjudicada para que pagara o, en caso contrario, iniciarían los trámites de las distintas ejecuciones hipotecarias.
Así lo hicieron e interpusieron una demanda ante un juzgado de Manacor en relación a una de las fincas, procedimiento que actualmente se encuentra en suspenso a la espera que se resuelva la causa penal. Respecto a otra de las propiedades, una de las acusadas consiguió que la perjudicada firmara una escritura pública de dación en pago por la que, en compensación por una deuda de 96.000 euros, ésta le entregara una de las fincas y el uso y disfrute de la terraza de una de las parcelas colindantes.
Todos los procesados, sostiene el fiscal, actuaron de común acuerdo mediante un reparto de funciones –“buscadoras, mediadores o prestamistas”, enumera– y asumieron cada uno de ellos su rol correspondiente con el fin de obtener un beneficio económico ilícito.
Eran conocedores, concluye, que los préstamos no iban a ser devueltos jamás y que por lo tanto las operaciones fraudulentas les permitirían adquirir las fincas a través de una ejecución hipotecaria a un precio muy por debajo de sus valores de mercado, pues las tasaciones las fijaron ellos mismos al margen de cualquier procedimiento oficial.
Por todo ello, la Fiscalía pide siete años y medio de prisión y multas de unos 8.000 euros para seis de los acusados. Para los otros cuatro reclama seis años y medio de privación de libertad y el pago de multas de aproximadamente 7.400 euros.
A todos ellos se les considera autores de un delito continuado de estafa agravada, por lo que el fiscal también exige –por la vía de la responsabilidad civil– que se declare la nulidad de todas las escrituras públicas que se firmaron en las diferentes operaciones fraudulentas.
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