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El PP quiere presionar al Gobierno en el Congreso para ampliar las subvenciones por la dana a otros 30 municipios valencianos

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MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El PP ha presentado en el Congreso una iniciativa con la que busca forzar al Gobierno a extender las subvenciones para la reconstrucción de infraestructuras dañadas por la dana a otros 30 municipios valencianos que fueron incluidos por la Generalitat pero excluidos de las ayudas estatales.

Se trata de una proposición no de ley –iniciativa no vinculante– que el PP ha presentado en la Comisión de Política Territorial del Congreso y en la que denuncian que la exclusión de estos municipios genera un “agravio comparativo injustificado” para los ciudadanos de estas localidades que requieren de la urgente reconstrucción de sus infraestructuras básicas.

Según el texto de la iniciativa, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP propone modificar el listado de municipios que recibirán las subvenciones para reparar las infraestructuras dañadas por la dana para incluir aquellos municipios que consideren afectados las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

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En concreto, los ‘populares’ quieren extender estas subvenciones a los siguientes municipios valencianos: Carcaixent, Castelló, Chulilla, ‘Énova, la Pobla Llarga, Millares, Manuel, Rafelguaraf, Senyera, Tous, Aras de los Olmos, Benagéber, Benimuslem, Casinos, Chelva, Gavarda, Losa del Obispo, Massalavés, Sant Joanet, Titaguas, Tuéjar, Villar del Arzobispo, Xeraco, Alberic, Barxeta, Benaguasil, Benimodo y Castielfabid.

“La falta de inclusión de estos municipios en la orden ministerial supone una grave discriminación territorial que afecta a la equidad en el reparto de las ayudas y compromete la prestación de servicios públicos de calidad por parte de las entidades locales de dichos municipios”, denuncia el PP en su texto.

COORDINACIÓN CON LAS COMUNIDADES

Asimismo, el PP insta al Gobierno a coordinar con las comunidades autónomas y las administraciones locales la inclusión de los municipios que han sido considerados afectados por los gobiernos autonómicos, “asegurando así una respuesta equitativa a los daños causados por la dana y evitando situaciones de discriminación territorial”.

El último punto de la iniciativa hace referencia a establecer mecanismos de control y transparencia en la distribución de las ayudas “para garantizar que los fondos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan”.

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