SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno andaluz ha manifestado su “criterio desfavorable” respecto a la toma en consideración en el Parlamento de la proposición de ley relativa a la Ley andaluza de movilidad sostenible presentada por el grupo parlamentario Por Andalucía, por lo que ha trasladado también su “disconformidad” a que dicha norma se tramite en la Cámara autonómica.
Así lo hace saber al Parlamento el Consejo de Gobierno mediante un acuerdo adoptado en la reunión que el Ejecutivo andaluz celebró el pasado lunes, 24 de febrero, consultado por Europa Press.
La citada proposición de ley del grupo Por Andalucía –que integra a IU y Podemos, entre otras formaciones de izquierda– fue publicada en el Boletín del Parlamento de Andalucía el pasado 20 de febrero, y sobre ella se ha pronunciado el Consejo de Gobierno atendiendo a lo recogido en el artículo 124.2 del Reglamento de la Cámara andaluza, que establece que el Ejecutivo andaluz “debe manifestar su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación” de una proposición de ley “si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”.
En su exposición de motivos para justificar su posicionamiento respecto a esta proposición de ley, el Gobierno del PP-A señala que “actualmente se encuentra en redacción” la Estrategia Andaluza de Movilidad y Transporte Sostenibles 2030, formulada mediante acuerdo del Ejecutivo andaluz del 12 de enero de 2021, y que persigue “mejorar la movilidad de la ciudadanía y el transporte de mercancías basado en un conocimiento real de las necesidades”, entre otros objetivos.
La proposición de ley de Por Andalucía “pretende regular la movilidad sostenible” en la comunidad autónoma “entendiendo por ésta el conjunto de procesos y acciones orientados a que el desplazamiento de personas y mercancías que facilitan el acceso a los bienes, servicios y relaciones se realicen con el menor impacto ambiental posible”, según se detalla en el acuerdo del Gobierno andaluz, que dice reconocer “la importancia de desarrollar una normativa en esta materia con el objetivo de implantar un sistema de gestión del transporte sostenible, eficaz y eficiente”.
Para ello “es fundamental contar con un texto normativo riguroso que dé cumplida respuesta a las necesidades que, en este ámbito de la movilidad y el transporte, demanda la sociedad andaluza”, se puede leer en este acuerdo de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que ha analizado la proposición de ley de Por Andalucía y ha llegado a la conclusión de que “se acompaña de una memoria económica que es insuficiente”.
Así, la Consejería advierte de que la iniciativa “no supone modificación alguna de los créditos presupuestarios ni una disminución de ingresos, debido a que se hace constar en el texto que la entrada en vigor de la ley sería en el ejercicio presupuestario siguiente”.
“La postergación en el análisis económico de la proposición de ley incumpliría la exigencia de su realización con carácter previo a su entrada en vigor, afectando al examen de la necesidad y la viabilidad económico-presupuestaria de la reforma que se propone”, advierte el Gobierno andaluz, que “es muy consciente de que las políticas que no lleven aparejado un compromiso económico pueden convertir la ley en una declaración eminentemente programática, por lo que es necesario que cuente con los mecanismos presupuestarios suficientes para que hagan viable y real su ejecución”, apostillan desde el Ejecutivo de Juanma Moreno.
Además, la Consejería de Fomento sostiene que, “dado el carácter transversal de esta materia y la necesidad de coherencia normativa, esta proposición puede afectar a aspectos regulados por la vigente Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía”, así como remarca que “uno de los objetivos de la mencionada Estrategia Andaluza de Movilidad y Transporte Sostenibles 2030 es sentar las bases normativas de una futura iniciativa legislativa andaluza sobre la materia objeto de la proposición de ley” registrada por el grupo Por Andalucía.
Por ello, el Consejo de Gobierno ha acordado manifestar “su criterio desfavorable a esta proposición por la falta de un análisis de impacto económico y de un estudio comparado de impacto normativo que evalúe su interacción con la legislación existente, lo que resulta esencial para asegurar la coherencia normativa”.
El acuerdo que expresa este posicionamiento del Ejecutivo andaluz viene suscrito por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz.
- Te recomendamos -
