MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El Grupo Municipal Vox ha presentado el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la tasa de basuras del Ayuntamiento, ha pedido medidas cautelares para su suspensión y ha defendido que “es un impuesto encubierto y el reciclaje está sobradamente pagado por los madrileños”.
Desde Plaza de la Villa, su portavoz, Javier Ortega Smith, ha subrayado este viernes que el Consistorio “ya está cobrando el servicio de recogida de basuras a través del IBI” y ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que “se retrate y acepte la suspensión de la ejecutividad”.
“El Consistorio ya está cobrando el servicio de recogida y recarga de basuras. La exalcaldesa Ana Botella, que no era de Vox, sino del PP, dijo que no había derecho a seguir cobrando. Esta tasa del señor Almeida supone una triple imposición”, ha insistido.
Ortega Smith ha asegurado que “se está gravando dos veces la propiedad, que ya se estaba pagando esta tasa e incumple un principio básico de la proporcionalidad”. Ha añadido que “se va a cobrar lo mismo a una persona que vive sola en un piso” que varias personas que conviven en un mismo espacio.
“Además, cobrarían la misma tasa a un ciudadano responsable que se dedica a separar la basura que aquel irresponsable que todo lo mete en la misma bolsa. Por tanto, no se incentiva el reciclaje. Si cogemos como referencia un recibo medio del IBI de 500 euros, el señor Almeida ha bajado ese recibo por 16 euros, pero ahora con la tasa lo va a subir 140. Una mentira más”, ha criticado.
“ES CONFISCATORIO”
El portavoz de Vox en el Consistorio ha insistido en que esta situación es “un atraco a mano armada” y ha indicado que los ciudadanos de Madrid “cada vez que compran un producto, como una lata o una botella, ya están pagando un sobreprecio por el reciclaje”.
“El informe económico en el que intentan sustentar los cálculos de la tasa es absolutamente falso. El cálculo de costes está sobrecargado porque necesitaban elevarlo al máximo posible para lograr la máxima recaudación y llegar a los 295 millones de euros. Cuando compramos cualquier producto, ya estamos pagando un sobreprecio por reciclaje”, ha manifestado.
Ortega Smith ha tildado de “impuesto encubierto o IBI 2.0” esta tasa porque “la han calculado que sobre el 81% del valor catastral”. Para Ortega Smith es “una nueva carga fiscal y un nuevo impuesto sobre la propiedad”. “Me parece que es confiscatorio”, ha añadido.
Asimismo, ha defendido que la tasa es “no es una obligación que viene de Europa” porque “ya se dejó claro que la directiva busca incentivar la reducción de residuos y el reciclaje de los residuos, no imponer más cargas fiscales a los vecinos”.
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