MÉRIDA, 28 (EUROPA PRESS)
La Junta de Extremadura y los sindicatos han firmado este viernes, día 28, en Mérida, el primer protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo de la Administración regional como centro de trabajo.
Lo han suscrito –tras ser aprobado por la Mesa General de Negociación– la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, junto a la secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez, con los diferentes sindicatos, que tras la firma han aplaudido el contenido del protocolo, que tendrá vigencia hasta 2029 y será “de obligado cumplimiento”.
Afectará a todos los empleados públicos de la Administración general, de educación y de sanidad, así como al personal estatutario laboral, personal docente no universitario y personal en formación; y permitirá que “a partir de hoy, las trabajadoras y los trabajadores de la Junta de Extremadura van a estar más protegidos que nunca frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo”, ha explicado en declaraciones a los medios Ara Sánchez, que ha calificado el protocolo de “redondo”.
Con ello el Gobierno de María Guardiola cumple con el mandato recogido en la Ley 8ª de 2011, de 23 de marzo, de Igualdad de Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género de Extremadura, y que no había sido abordado por ningún Ejecutivo anterior de la Junta de Extremadura. “Supone un avance fundamental en los derechos y en la protección de todas las trabajadoras y de todos los trabajadores de la región”, ha remarcado.
El objetivo es, por tanto, “garantizar seguridad en el entorno laboral, para que sea un entorno seguro y libre de violencia sexual y discriminación por razón de sexo, cumpliendo la normativa tanto nacional como internacional en materia de igualdad y de derechos laborales”.
Al mismo tiempo, en el protocolo se recoge el “compromiso férreo” de la Junta de Extremadura de tener “tolerancia cero” frente a cualquier tipo de forma de violencia sexual, acoso sexual y acoso por razón de sexo; e irá acompañado de actuaciones de comunicación, difusión y formación de los empleados públicos (la primera de ellas el próximo 5 de marzo en la Escuela de Administración Pública, en Mérida).
PROCEDIMIENTO
En cuanto al procedimiento de actuación, la secretaria general de Igualdad ha explicado que incluye uno de carácter formal y otro informal.
Así, el protocolo prevé un procedimiento basado en los principios de confidencialidad, respeto absoluto a las víctimas, de imparcialidad, de prohibición de represalias, y reconociendo el derecho que tienen todas las víctimas tanto de ser informadas como asistidas desde el primer momento y a lo largo del procedimiento.
Se prevé, con ello, un procedimiento informal que es confidencial, previo a la denuncia, mediante una comunicación a la figura de la asesoría confidencial. Así, habrá tres asesorías confidenciales, una por cada ámbito, la Administración general, Educación y el Servicio Extremeño de Salud.
Para ello, se han habilitado unos correos electrónicos a los que sólo tienen acceso esos asesores confidenciales, y a los que podrá dirigirse “cualquier persona que esté viviendo una situación que pueda suponer o pueda ser constitutiva de cualquier acto de acoso sexual o por razón de sexo, conductas que puedan ser constitutivas de acoso verbal, no verbal, físico y digital”.
Por otra parte, si no se soluciona la situación o la propia víctima quiere acudir al procedimiento formal, ha añadido Ara Sánchez, se han nombrado también tres comisiones instructoras, una por cada ámbito, y que realizarán una investigación de los hechos y podrá proponer la adopción de medidas cautelares.
En su caso, terminará con un informe propuesta que se elevará al órgano correspondiente de personal docente, para que, con fundamento en esta comisión, informe se pueda también sancionar de forma disciplinaria o imponer medidas correctivas o, en su caso, adoptar alguna medida como cambio de turno o separar del espacio físico al presunto agresor de la víctima. O en el supuesto en el que se advierta que los hechos sean constitutivos de algún delito pues poner los hechos en conocimiento del ministerio fiscal.
CSIF
A su vez, la secretaria de Igualdad de CSIF Extremadura, Amparo Galán, ha valorado positivamente la firma del protocolo, enmarcado dentro del Plan de Igualdad de la Junta que según ha indicado siguen negociando, y que afectará a casi 60.000 trabajadores.
“Nos felicitamos por ello porque hace mucho tiempo que veníamos reivindicando que la Junta de Extremadura, como la empresa mayor de nuestra comunidad autónoma, era la primera que tendría que tener estos requisitos obligatorios, como son el plan de igualdad y el protocolo que hoy hemos acordado en mesa general de negociación”, ha espetado.
En cuanto a las aportaciones planteadas por el sindicato al protocolo, ha explicado que han sido “muchas”, como el procedimiento para tipificar las conductas constitutivas de acoso sexual y por razón de sexo; cómo se van a resolver, cómo van a funcionar las comisiones investigadoras que investiguen los casos; o cómo se va a “perseverar” la presunta inocencia mientras no se demuestre del presunto acosador.
UGT
Por su parte, la responsable del Área de Igualdad de Servicios Públicos de UGT Extremadura, Ana Hernández, ha reconocido que su sindicato se “alegra” de la firma del “muy completo” protocolo de prevención y actuación de acoso sexual y por razones de sexo, y ha recordado que el mismo es “obligatorio” para todas las empresas y todas las administraciones con independencia del número de trabajadores.
Ha destacado también que incluya actuaciones de prevención y sensibilización, toda vez que “hay mucho desconocimiento en la materia”.
“La gente confunde el acoso sexual y por razones de sexo con el acoso laboral y son materias totalmente diferentes”, ha espetado.
Asimismo, ha avanzado que dentro del futuro Plan de Igualdad de la Junta también se van a aportar medidas que incluyan una formación “mucho más completa”, no sólo sobre acoso sino sobre “cualquier tema de sensibilización”.
CCOO
De su lado, el coordinador del Área Pública de CCOO de Extremadura, Manuel María Nicolás, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de un protocolo que era “deseado” y que, a su juicio, debería haber salido adelante ya en 2011.
Ha valorado también que se trata de un protocolo que permite “no sólo luchar contra el acoso, sino también generar las condiciones para evitarlo preventivamente, que se puede desarrollar en el trabajo de la Junta de Extremadura”.
Tras reconocer, igualmente, que la Junta de Extremadura es una Administración “compleja”, que tiene tres ámbitos, ha indicado que la del protocolo ha sido una negociación “complicada” desde el punto de vista técnico, aunque ha destacado que “al final se ha salido un texto que prevé y permite evitar que se generen situaciones de acoso”.
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