MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
Canarias, Murcia y Cataluña “lastran” el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) en su conjunto por “desidia, exceso de burocracia y falta de inversión”, según afirmó este viernes en el Congreso de los Diputados el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, que presentó los resultados del 25 dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia y otros informes de esta entidad.
En el extremo opuesto dijo que se sitúan Castilla y León y Castilla-La Mancha, que con un 8,3 sobre 10 encabezan el listado de 18 indicadores que evalúan la calidad del sistema. Según este trabajo, un total de nueve comunidades suspendieron la evaluación.
En su discurso, Ramírez criticó de forma especial la gestión de tres territorios: Canarias, Cataluña y Murcia. Sostuvo que Canarias arrastra “un déficit de inversión crónico desde que arrancó el modelo” en 2007. Con una puntuación de 3,3, “ser dependiente en Canarias supone un problema muy grave de desatención”, alertó. Señaló que esta comunidad necesita “una inyección económica muy importante y desarrollar todo su sistema mucho más rápido para ponerse al mismo nivel que las demás”, agregó.
El caso de Cataluña, indicó que la situación resulta “muy preocupante por una cuestión de volumen”, ya que “una de cada tres personas en listas de espera de la dependencia viven” allí. A su juicio, esta comunidad “lleva cuatro años cayendo en picado por cuestiones políticas”, y advirtió que “no se puede vivir siempre de las rentas”.
Murcia es la comunidad con la peor puntuación en el listado de esta asociación, 3,1 sobre 10, con el “agravante de que sus resultados en servicios sociales son muy malos en general”. Según Ramírez, País Vasco y Navarra, por ejemplo, presentan “malos resultados en dependencia”, pero “en cambio tienen unos servicios sociales muy robustos”, que pueden proporcionar atención por otro lado.
En el mismo acto, se entregaron sendos reconocimientos a Castilla y León y a Castilla-La Mancha por sus buenos resultados, ambas con un 8,3.
“Son dos comunidades que repiten y con gobiernos de distinto signo político”, apuntó Ramírez, lo que “demuestra que la eficacia también es cuestión de voluntad política”.
MÁS DOTACIÓN ECONÓMICA
Ramírez se refirió al anteproyecto de reforma de las leyes de Discapacidad y de Dependencia y advirtió que “si no tiene una dotación presupuestaria, mejor no perder el tiempo” con ella. “Es preciso aumentar la inversión”, insistió, y añadió que si esto no es así “lo primero es cumplir lo que ya está aprobado”.
Según los resultados presentados hoy, en 2024 se alcanzó un máximo de inversión en el sistema, con 12.189 millones de euros. Esto representa el 0,8% del PIB, destacó Ramírez, y “es la mitad de lo que dedican de media los países de la UE”.
Aunque no se aumentó el presupuesto estatal para la dependencia, el gasto sí subió en 187 millones de euros por la obligación del Gobierno estatal de “soportar el nivel mínimo de financiación”, dado que el número de personas atendidas fue mayor.Es decir, subió el gasto “por imperativo legal”, pero “no por compromiso político, aclaró Ramírez. Además, se tuvieron que suplementar 48 millones de euros para cuotas de Seguridad Social de cuidadoras no profesionales.
LUCES Y SOMBRAS
En 2024 también se produjeron mejoras, con 106.558 personas atendidas más que en 2023 y 69.650 usuarios más con un grado de dependencia reconocido. Crecieron en 104.276 las solicitudes tramitadas y en 93.584 las que fueron resueltas.
Sin embargo, la creación de empleo cayó por primera vez desde 2020 por debajo de los 40 puestos de trabajo por cada millón de euros de inversión pública en el Sistema (39,3). Disminuyó además la tasa de retorno al Estado a través de Impuesto de Sociedades, cuotas a la Seguridad Social, IRPF, etc. Se situó en el 40,1%, la más baja de los últimos cuatro años.
SISTEMA ‘LOW COST’
Ramírez lamentó que los 600 millones de euros extra que el plan de choque en dependencia garantizó durante 2021, 2022 y 2023 y que “permitieron recuperar los terribles recortes introducidos en 2012”, desaparecieran en 2024 “por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado”. En 2025, “deberíamos sumar al menos 1.000 millones para recuperar”, defendió.
En su opinión, existen “evidencias” de que el sistema evoluciona “hacia un modelo ‘low cost’ o de bajo coste”, basado en prestaciones y servicios de muy baja intensidad o cuantía, que no responden a las necesidades de las personas dependientes. Un ejemplo “palmario y vergonzoso” de esta conclusión es el abuso en los servicio de teleasistencia, manifestó.
Señaló que en España hay 65.973 personas beneficiarias del Sistema de la Dependencia que reciben como “prestación única la teleasistencia”, 4.976 más que en 2023. “Esto no es forma de atender a una persona dependiente”. La Comunidad de Madrid acumula uno de cada tres de estos casos (33,6%), y el 16% de todas sus prestaciones son de este tipo.
Otro dato preocupante es que el 41,9% de las personas beneficiarias del sistema son atendidas con la prestación de cuidadoras familiares, porcentaje que se incrementó en 2024. Esta prestación tiene un importe medio mensual de 264,11 euros y en la actualidad la perciben 636.030 personas. Casi el 80% de las cuidadoras son mujeres. “Piensen en el impacto económico y de género de pagar 264 euros al mes por unos cuidados 24/7”, dijo Ramírez a los diputados.
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