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Inclusión Social destina más de 14,6 millones para ayudar a 5.600 familias andaluzas con menores en situación de riesgo de exclusión social

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SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha destinado más de 14,6 millones de euros (14.663.630 euros) a 96 entidades locales, entre las ocho diputaciones provinciales y 88 ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes, para la financiación de 156 equipos de tratamiento a familias menores en situación de riesgo o desprotección. Así, la previsión es que sean atendidas alrededor de 5.600 familias y más de 10.500 menores andaluces gracias a este programa.

En una nota de prensa, la Junta ha explicado que esta cuantía supone un incremento del 6,87% respecto al ejercicio anterior, lo que se traduce en la constitución de tres nuevos equipos, llegando al total de 156 en toda Andalucía. Esta financiación cubre el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, según establece la Orden que ha publicado este jueves el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Este programa tiene como objetivo proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección, un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los menores. Se trata de preservar los derechos de los niños, promoviendo su desarrollo integral en su medio familiar; y posibilitar su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los menores.

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En la actualidad, estos equipos para el tratamiento a familias están integrados por 496 profesionales de las disciplinas de psicología, trabajo social y educación social y 96 personas coordinadoras que actúan en 88 municipios de más de 20.000 habitantes y en las ocho diputaciones provinciales, con el fin de mejorar las condiciones de las familias en situación de riesgo social, de manera que puedan ejercer adecuadamente sus funciones parentales y evitar la separación de los hijos.

Con una trayectoria de más de 20 años de existencia, los equipos de tratamiento familiar han atendido una media anual de aproximadamente unas 5.600 familias y 10.500 menores, evitando, con las intervenciones llevadas a cabo, la separación de los menores de edad de su entorno familiar en más del 80% de los casos. Estos datos avalan la necesidad de apoyar y consolidar la red de equipos de tratamiento familiar y los programas y recursos de apoyo a las familias.

Como novedades para el presente año, se ha incluido en el programa a los Ayuntamiento de Atarfe y Torrox al haber superado los 20.000 habitantes, y se ha ampliado el número de equipos correspondiente al Ayuntamiento de Almería debido al aumento poblacional. Para la consejera de Inclusión Social, Juventud y Familias e Igualdad, Loles López, los equipos de tratamiento familiar son una pieza clave del sistema de protección de los y las menores, y así aparece recogido en la Ley de Infancia y Adolescencia, “que apuesta de forma decidida por la colaboración con las familias andaluzas, en especial las que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo siempre en mente de proteger a niños y adolescentes detectar aquellas situaciones de riesgo que comprometen su bienestar”.

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Asimismo, y tras destacar la labor de estos profesionales multidisciplinares, ha recordado que las intervenciones llevadas a cabo a través de estos equipos evitan en más del 80% de los casos la separación del medio familiar, “por lo que los y las menores de edad pueden permanecer en su hogar, con los suyos, como es nuestro objetivo”. “Son unos datos que nos reafirman en la necesidad de extender y consolidar la red de equipos de tratamiento familiar y los programas y recursos de apoyo a las familias”, ha proseguido.

Estas transferencias se realizan conforme a lo dispuesto en el Decreto 100/2022, de 7 de junio, por el que se regula el Programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección, “afianzando la continuidad del servicio público y dando estabilidad a los equipos”.


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