MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reunió este jueves con el vicepresidente de la Corte Penal Internacional (CPI), Salvatore Aitala, al que reiteró el firme apoyo de España al tribunal por su papel fundamental en la lucha contra la impunidad y en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
José Manuel Albares, que recibió en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación al ‘número dos’ de la CPI, hizo un reconocimiento al trabajo de la Corte, que consideró “más necesario que nunca” ante la escalada de conflictos en todas las regiones y el aumento sin precedentes de víctimas civiles, a la vez que destacó que la Corte Penal Internacional es un pilar fundamental del orden internacional basado en normas.
El titular de Exteriores aprovechó la reunión para reafirmar el compromiso de España con la rendición de cuentas en todas las situaciones y con la reparación de todas las víctimas, “ya sea en Ucrania, Palestina, Sudán o en cualquier otro lugar donde se cometan atrocidades a gran escala”.
El ministro recordó el compromiso de España con la CPI, ya que en 2023 se alcanzaron los seis millones de euros en contribuciones voluntarias y se mantuvo en 2024, con dos millones.
APOYO INCONDICIONAL
El pasado 7 de febrero, España suscribió la declaración conjunta de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte, en la que cerca de ochenta países reafirmaban el apoyo permanente e inquebrantable a la independencia, la imparcialidad y la integridad de la CPI ante las medidas sancionadoras al tribunal, a sus funcionarios y personal y a quienes cooperan con ella.
La declaración interpreta que esas medidas aumentan el riesgo de impunidad por los crímenes de mayor gravedad y amenazan con erosionar el Estado de derecho internacional, que es crucial para promover el orden y la seguridad mundiales.
Podrían poner, además, en peligro la confidencialidad de la información sensible y la seguridad de las personas implicadas, incluidas las víctimas, los testigos y los funcionarios de la Corte, muchos ellos españoles. Las sanciones socavarían gravemente todas las investigaciones en curso, ya que la Corte podría verse obligada a cerrar sus oficinas sobre el terreno.
Como firme defensora de la CPI, España lamentó cualquier intento de minar su independencia, integridad e imparcialidad. Y, en este sentido, Albares reiteró al vicepresidente de la Corte el compromiso de España a garantizar la continuidad de las actividades de la CPI para que pueda seguir desempeñando sus funciones de manera eficaz e independiente.
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