MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega ha anunciado este jueves “su decisión soberana e irrevocable de retirarse” del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, después de que un grupo de expertos de este organismo acusara a Managua a través de un informe de “fusionar” instituciones en una “maquinaria unificada de represión” contra la disidencia.
“Para Nicaragua, estos irrespetuosos mecanismos perdieron su naturaleza y esencia, no los reconocemos, y no nos vemos siendo parte y cómplice de atropellos contra la soberanía, la igualdad de los Estados y la dignidad de los Pueblos”, reza un comunicado del Ministerio de Exteriores nicaragüense recogido por el medio oficialista 19digital.
Según ha indicado la cartera ministerial, “una vez más” el Consejo de DDHH “viola su propia normativa” sobre los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad en el examen de las cuestiones de Derechos Humanos y la obligación de eliminar la aplicación de un doble rasero y politización.
Así, ha hecho referencia al citado informe, que no reconoce, “al igual que los informes anteriores, declaraciones, comunicados y actualizaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, alegando que “son una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos, que cotidianamente instrumentalizan los Derechos Humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía”.
Las autoridades nicaragüenses han afirmado que estos mecanismos constituyen “verdaderos métodos y plataformas políticas para desprestigiar la labor” del Gobierno “en la consolidación de la paz y la seguridad”, mientras que “también son un obstáculo para el desarrollo económico y social del pueblo nicaragüense que pretenden impedir el avance”.
Por último, ha dijo que estos organismos de Naciones Unidas se han “convertido en la caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y la tranquilidad”. “Son los autores de los múltiples asesinatos, secuestros, violaciones, aberraciones y ultrajes en contra del pueblo nicaragüense, causando además destrucción y daños incuantificables a la economía nacional”, reza el texto.
Así, ha aseverado que estos “celebran y promueven la imposición de las medidas coercitivas unilaterales que la Asamblea General de la ONU ha condenado, y ha declarado ilegales por ser violatorias del Derecho Internacional”.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, con mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, acusó a Ortega y a su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, de “afianzar progresivamente” el “control total”, sirviéndose incluso de una extensa red de vigilancia responsable de denunciar en última instancia cualquier desviación de la línea oficial del régimen.
Para estos expertos, el golpe definitivo al Estado de derecho ha sido la reforma constitucional que entró en vigor el 18 de febrero y que puso ‘de facto’ todos los poderes del Estado al servicio de la Presidencia, a la que corresponde la tarea última de coordinación. El Gobierno controla, además, “un vasto aparato de actores estatales”, entre ellos las fuerzas de seguridad y el Ejército.
La deriva antidemocrática se agudizó tras las protestas de 2018, que dejó más de 300 muertos, y se ha traducido en detenciones arbitrarias, expulsiones forzadas y privación de nacionalidad. Los expertos tienen constancia de más de 450 retiradas de la ciudadanía a personas percibidas como opositoras.
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