MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, salió este jueves en defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está siendo investigado por presunta revelación de secretos, al tiempo que sostuvo que la acusación popular debe ser reformada, porque actualmente se ha convertido en un “nido de ultras”.
Bolaños se refirió a estas cuestiones al comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde hizo balance de su gestión al frente de este departamento y explicó sus planes de futuro.
El titular de Justicia sostuvo que actualmente se está llevando a cabo la mayor transformación “en décadas” del sistema judicial español y se lamentó de que esto quede ensombrecido por la polémica que generan algunas “denuncias falsas” y “acusaciones infundadas”. Aludía así claramente a las investigaciones que afectan a la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Sobre el fiscal general, que está siendo investigado en el Tribunal Supremo por revelación de secretos, indicó que “es un servidor público íntegro, honesto”, que se ha dedicado “a perseguir el delito” y “decir la verdad”.
Al mismo tiempo, defendió la necesidad de reformar la figura de la acusación popular, puesto que actualmente es “un nido de ultras para filtrar documentos” y “filtrar vídeos”, así como para “perseguir” a humoristas, periodistas y a políticos y sus familiares.
“AL SERVICIO” DE MONCLOA
Además, Bolaños anunció que el Gobierno va a promover la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), puesto que es una norma de 1882 que ha sido objeto de “multitud de retoques”, pero no de ninguna “reforma integral”.
Indicó que se pretende que la Lecrim incorpore como aspecto relevante que el fiscal sea el encargado de instruir las causas penales, algo que destacó existe en los países del entorno de España y ya funciona con la Fiscalía Europea. Apuntó que la actuación del fiscal sería supervisada por un “juez de garantías”.
El planteamiento del ministro fue rechazado por la representante del PP, María Jesús Moro, quien cuestionó el proyecto del Gobierno y afirmó que el actual fiscal general está “al servicio” de La Moncloa. Censuró que Bolaños, en vez de pedir que dimita, se coloque la “toga de defensa” y le defiende.
Por parte de Vox, Javier Ortega-Smith, indicó que no es “normal” que se pretenda encargar de la instrucción de las causas penales a una Fiscalía “bajo permanente sospecha de presunta comisión de delitos gravísimos, como revelación de secretos, destrucción de pruebas y prevaricación”.
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