MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El exasesor ministerial Koldo García, investigado tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo en el marco de la ‘operación Delorme’ –también conocido como ‘caso Koldo’–, ha solicitado a la Dirección General de la Guardia Civil que no le retire el permiso de armas al considerar que el hecho de que esté siendo investigado no es fundamentación suficiente dado que no hay una resolución firme o una condena penal.
“La medida adoptada para denegar la renovación de mi licencia de armas se basa en hechos preliminares y no concluyentes, sin contar con una resolución firme ni una condena penal que los sustente”, indica en un escrito de alegaciones al expediente que se le ha abierto para no renovar su licencia para el uso de escopetas de caza y para rifles de cañón rayado.
Entiende que si se adopta esta medida ahora, se “vulnera gravemente el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa” y puntualiza que los hechos y delitos que se le atribuyen “tienen un carácter eminentemente económico, sin implicar violencia, y no guardan relación directa con el uso o manejo de armas de fuego”.
Añade que su conducta en el campo de las armas es “intachable” y además hay una “ausencia de elementos probatorios concluyentes sobre una conducta peligrosa o violenta” por lo que la medida resulta “desproporcionada y prematura”.
A esto suma que está preocupado y molesto “ante la actuación de la Guardia Civil” porque ha vivido “de primera mano” cómo se han impuesto medidas que afectan de forma directa a su integridad y derechos fundamentales, en alusión no solo a su permiso de armas sino al expediente que busca retirarle la medalla honorífica de la Benemérita.
“La misma institución que llevó a cabo mi detención y el registro en mi domicilio, con un despliegue desproporcionado, ahora es la encargada de elaborar los informes que sustentan estas decisiones. Esto genera una situación paradójica e injusta, ya que se me está juzgando con base en hechos que no han sido debidamente comprobados, y que se derivan de investigaciones preliminares que no alcanzan el rigor exigido por la ley”, lamenta.
EL EXPEDIENTE DE LAS ARMAS
Fue el pasado 3 de febrero cuando la Guardia Civil abrió expediente para valorar la no renovación del permiso de armas a Koldo García debido a que consta como investigado por varios delitos en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional por presuntas mordidas en la adjudicación de contratos públicos para la adquisición de mascarillas en plena pandemia.
En ese oficio, al que también tuvo acceso Europa Press, la Benemérita reaccionaba así a la petición del investigado de renovar el permiso para el uso de escopetas y rifles en la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Benidorm (Alicante).
La Guardia Civil sostuvo que a la vista de los antecedentes y del informe de conducta preceptivo, la Intervención de Armas y Explosivos “podría proponer la denegación de la solicitud de renovación de las licencias de armas solicitadas, en virtud de las atribuciones conferidas”. Y le concedía 15 días para que “pueda presentar cuantos documentos, justificaciones y alegaciones estime pertinentes”.
LA MEDALLA AL MÉRITO
Se da la circunstancia de que la Dirección General de la Guardia Civil también ha abierto un expediente a Koldo García para prohibirle el uso de la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco que le fue otorgada siendo ministro del Interior el ‘popular’ Juan Ignacio Zoido en 2018.
Así consta en un expediente, en el que aparece como instructor el coronel de la jefatura de personal, Aniceto Martín, y en el que se resalta que a quien compete la resolución final es al ministro Fernando Grande-Marlaska.
En el mismo se apuntaba que el expediente se abrió de conformidad con lo dispuesto el pasado 24 de enero por el propio ministro, cuando en un escrito de Grande-Marlaska se explicaba que había tenido conocimiento de que Koldo García “se encuentra incurso en calidad de investigado” en una causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 2 y que esta situación “pone de manifiesto una conducta atentatoria al prestigio del Cuerpo”.
“Esta circunstancia exige la adopción de medidas legales que procedan en relación al uso de la condecoración, especialmente por la gran difusión que ha recibido la noticia en medios de comunicación y la alarma social producida”, explicaba el ministro.
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