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El Gobierno llevará a juicio a Ayuso por negarse a que la Real Casa de Correos sea reconocida como lugar de memoria

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MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció este jueves que el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional a la Comunidad de Madrid por su negativa a que se declare lugar de memoria la Real Casa de Correos.

Así lo avanzó Ángel Víctor Torres en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, antes de intervenir en el acto de declaración de Lugar de Memoria Democrática inmaterial a las Manifestaciones en favor de la democracia del 27 de febrero de 1981.

Torres respondió a la misiva recibida de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que le expuso su rechazo a que la Real Casa de Correos, actual sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, sea declarado lugar de memoria. El ministro explicó que en la carta, Ayuso le dijo que “hiciera lo propio en Canarias declarando ciertos lugares de memoria”.

El responsable de Memoria Democrático dijo que había respondido por carta también a Ayuso, insistiendo en que “desde la Ley de Memoria Democrática 2022 entendemos que la Real Casa de Correos debe ser lugar de memoria, y así también se manifestó mayoritariamente el Congreso de los diputados”.

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“No entiendo por qué se niega a que sea un lugar de memoria un espacio que fue la Dirección General de Seguridad durante la dictadura, donde hubo represión, incluso muerte a personas inocentes que defendían la libertad y la democracia y fueron torturadas por un sistema político totalitario”, consideró.

Respecto a Canarias, dijo que “siempre hemos sido pioneros” a este respecto, y “hemos incoado expedientes de lugares de memoria y haremos lo propio con otros”, y adelantó que lo harán, por ejemplo, con el Centro de reclusión para homosexuales de Tefía que está en Fuerteventura, y también con un templo masónico que está en Santa Cruz de Tenerife, “y en cualquier otro espacio que jurídica y técnicamente así lo merezca”.

El ministro instó a Ayuso a que, en la Real Casa de Correos de Madrid, “en tanto en cuanto se desarrolle el expediente del lugar de memoria, haga lo que hicimos en el Parlamento de Canarias, que coloque una placa, que invite a los grupos políticos y que diga en esa placa que durante los años de la dictadura eso fue la Dirección General de Seguridad donde hubo torturas y donde hubo víctimas”.

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NEGATIVA DE AYUSO

A este respecto, subrayó que acababa de saber que la Comunidad de Madrid ha comunicado a Memoria Democrática que renuncia a abrir el procedimiento del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para intentar alcanzar un acuerdo, a través del diálogo, en la Comisión Bilateral de Cooperación.

Torres recalcó que “nosotros le hemos invitado a sentarnos, y renuncia a sentarnos, y por cierto, nos han dicho que renuncian porque la Ley de Memoria Democrática 2022 es inconstitucional, y no es así, está en vigor, fue aprobada, el Tribunal Constitucional no se ha manifestado y ni siquiera que yo sepa el Partido Popular la recurrió”.

Por todo ello, “ante la modificación legislativa que ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid para dificultar que la Real Casa de Correos sea lugar de memoria”, y ante el hecho de que “la Comunidad de Madrid y su presidenta renuncia al 33.2”, Torres anunció que lo que hará el Gobierno de España es “solicitar el informe del Consejo de Estado, llevar ese expediente al Consejo de Ministros y elevarlo al Tribunal Constitucional, porque entendemos que esa modificación sí que es o está fuera de la Constitución”.

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El ministro reiteró que no entendía “por qué se niega a que se coloque una placa y se declare lugar de memoria un espacio del que no podemos sentirnos durante estos años absolutamente orgullosos, porque fue un lugar de tortura, de pérdidas de vida”.

Un lugar, agregó, “de agresiones absolutamente injustificadas contra personas que se manifestaban en contra de una dictadura, para recuperar la libertad que se nos arrebató ante un golpe de estado militar ilegal e ilegítimo por la fuerza y con las armas al pueblo español”. “Hay que defender la democracia y la libertad y no se defiende la libertad y la democracia no poniendo una placa en un lugar que fue un centro de represión durante 40 años de totalitarismo”, apostilló.


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