Capellán cree que el documento “ahora mismo no puede ser apoyado” pero que la CPFF está para debatir y aportar
LOGROÑO, 26 (EUROPA PRESS)
El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha avanzado hoy que La Rioja pedirá una corrección de la “mal llamada condonación” de la deuda que plantea el Estado exigiendo 299,9 millones más para llegar a los 747 millones de euros para La Rioja.
El Gobierno central y las comunidades autónomas se reunirán este miércoles en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que el Ministerio de Hacienda planteará su propuesta para el Estado asuma 83.252 millones de euros de deuda de todas las comunidades autónomas.
El planteamiento lo dio a conocer la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, anunciara un acuerdo con el Gobierno central para condonar el 22 por ciento de la deuda que tiene Cataluña con el Estado.
Antes del encuentro, previsto para esta tarde, Capellán ha reunido a los medios de comunicación en rueda de prensa para explicar que la propuesta del Gobierno central es “injusta” y “perjudica los intereses de los riojanos”.
Ha señalado que “el resultado final es que a cada riojano se le condona, 1.369 euros menos de deuda, y a uno catalán 2.284,34″ y se ha preguntado por qué tienen que haber españoles de segunda y primera”.
Capellán ha insistido en que se trata de una “mal llamada condonación” porque, en realidad, la deuda la asume el Estado y, por tanto, los ciudadanos la seguirán pagando como españoles. De este modo, le ha parecido más exacto referirse a ella como “subrogación”.
No obstante, para que fuera “justa”, ha dicho, a La Rioja le deberían corresponder 747 millones de euros; 299,9 más de lo planteado.
Por tanto, esta comunidad trasladará al Gobierno central “todas las deficiencias” del documento planteado, incluyendo pedir que “se premie a las comunidades que tienen menos deuda, como La Rioja”.
“Este documento no puede ser un sí o sí, si hay una voluntad de colaborar tiene que ser abierto para ser mejorado y se nos tiene que invitar a hacer aportaciones”, ha considerado.
Ha creído que “da igual lo que se vote hoy, se tiene que llevar a las Cortes para ser votado como ley” y ha exigido que “el documento se mejore antes de ser ley”.
EL DOCUMENTO NO PUEDE SER APOYADO AHORA MISMO
Para Capellán, la propuesta del ministerio está “penalizando a La Rioja por ser una de las comunidades menos endeudadas”; sin embargo, “merece estar a la cabeza de las más beneficiadas” precisamente por esto.
“Ahora mismo”, ha visto, “este documento no puede ser apoyado”. Sin embargo, la Conferencia de Política Fiscal “está para debatir” y es, ha dicho, “lo que va a hacer La Rioja de manera proactiva”.
Ha rechazado que hoy sea el momento de votar un posible apoyo a la propuesta del Estado. “Esta tarde hay un foco mediático, pero si el documento sale adelante lo va a hacer en las Cortes, como ley”.
Capellán, en su comparecencia, ha insistido en que nunca se pronuncia “sobre el ruido de los debates políticos nacionales”, pero hoy lo hacía con “un documento y propuestas firmes” de “aspectos que afectan a los intereses de los riojanos”.
Un aspecto que, además, ha dicho, perjudica a los riojanos. “Desde luego yo nunca voy a negociar y aceptar un documento que diga que La Rioja es la más perjudicada por habitantes de España”, ha aseverado.
Por eso, ha dicho, lo que “importa” ahora es que “ese documento, que va a ser un su trámite hacia las Cortes contemple que La Rioja no puede ser perjudicada”.
Ha explicado cómo “los porcentajes son engañosos” y, tal y como lo plantea el Gobierno central “a las comunidades más endeudadas se les está quitando mucho más deuda a las poco endeudadas”.
“Si Cataluña tiene el 31 por ciento de endeudamiento y nosotros el quince, quitándole el veinte por ciento está quitando más que el 37 por ciento de la deuda”, ha indicado.
Ha sumado que “a las comunidades autónomas que han subido los impuestos a los ciudadanos, se les premia”.
A su juicio, “no se puede tener en cuenta el criterio de las políticas fiscales que tenga cada comunidad autónoma en el legítimo derecho que le asiste para hacer sus políticas económicas”.
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