MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una campaña para denunciar las cláusulas “abusivas” registradas en los contratos de financiación de los concesionarios para la adquisición de un automóvil y señala que “rara vez salen a cuenta”.
La publicidad es el primer contacto que tienen los clientes con estos mecanismos de financiación y ya suele contener información “engañosa”, ya que ofrecen descuentos en caso de elegir este tipo de contratos, pero el resultado final supone pagar un precio mucho mayor en intereses que si el pago es al contado.
Igualmente, los intereses ofertados en el propio crédito pueden resultar “usurarios”, situación que desde la OCU ejemplifican con un préstamo de 20.000 euros a 5 años con TAE al 15%, que supondría el pago de todos los intereses en 7.960 euros, préstamo declarado nulo por superar notablemente el tipo medio del mercado del año de la contratación.
Asimismo, la obligatoriedad de contratar otros productos y servicios podría ser abusiva, como la imposición de un seguro con una determinada entidad o, incluso, la contratación automática sin el consentimiento expreso del consumidor.
Además, desde la OCU aseguran que “no son raras” las comisiones de apertura desproporcionadas, de hasta un 3,95% sobre la cantidad prestada, cuando el porcentaje máximo admitido para estos casos suele rondar el 1,5%.
Ante esto, OCU anima a los consumidores a unirse a la campaña para luchar contra estos abusos y asegurarse de que en estos casos tienen derecho a recuperar el dinero “injustamente pagado” o reducir el importe de los pagos pendientes.
OCU insta al ministerio de Consumo para que la transposición de la nueva Directiva sobre los contratos de crédito al consumo, prevista para noviembre, recoja una regulación específica de los préstamos para la adquisición de vehículos a través de los concesionarios.
Con esta iniciativa, pretenden garantizar la transparencia de los contratos con la obligación de mostrar el coste total de la financiación respecto al pago al contado, reforzar los mecanismos de control y la imposición de sanciones administrativas ejemplares en caso de detectarse abusos.
Del mismo modo, solicita fijar unos tipos de interés máximos para los préstamos, una posibilidad que permite la citada directiva.
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