MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El grupo parlamentario plurinacional Sumar ha anunciado que irá a la Comisión de Secretos Oficiales y pedirá al Consejo de Ministros que desclasifique la documentación relativa al asesinato del joven sindicalista malagueño José Manuel García Caparrós durante la manifestación proautonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977.
En este sentido se han pronunciado este miércoles en rueda de prensa en la cámara baja el diputado de Sumar por Málaga y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, y la parlamentaria de este mismo grupo y miembro de la Mesa del Congreso, Esther Gil.
Valero ha expuesto que “el franquismo murió en las calles porque mucha gente sencilla y anónima, que estaba organizada en sindicatos y en partidos de izquierda clandestinos, que dieron en muchos casos su vida”, lo que ha opuesto al “relato oficial sobre la transición que considera que fue fruto de consensos entre grandes hombres, un proceso pacífico, un proceso sin violencia”.
Al respecto ha puesto de ejemplo el asesinato de José Manuel García Caparrós por un disparo de la Policía durante una manifestación proautonomía andaluza en Málaga. “Hemos peleado, en este caso, porque se haga justicia y reparación con Manuel José García Caparrós como máximo exponente en el caso de Andalucía, es hijo predilecto de Andalucía, de esas capas populares que se comprometieron con la democracia en su país”, ha dicho.
Toni Valero ha puesto en valor que Sumar haya conseguido la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) para que se le reconociese como víctima del franquismo y para que el Gobierno le hiciese un reconocimiento, previsto precisamente para este próximo jueves, 27 de diciembre, en la Subdelegación del Gobierno en Málaga y presidido por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
“Así va a ser mañana –en referencia a este próximo jueves– gracias a la presión que hemos ejercido. Se va a hacer ese homenaje a Manuel José García Caparrós, que es un ejercicio de verdad y de reparación en la ciudad de Málaga, en su ciudad natal”, ha añadido.
En este punto el diputado ha recordado que llevan muchos años pidiendo la desclasificación de la documentación para saber lo que ocurrió. “Y, por eso, una vez que la mesa del Congreso de los Diputados se negó a una desclasificación efectiva, ya digo, sin tachones, sin omisiones, pues vamos a pedir una reconsideración de esa decisión. Porque, efectivamente, cincuenta años después no hay razón que justifique que no sepamos lo que ocurrió”, ha dicho y ha afirmado que “los protagonistas de aquello o está fallecidos o ya, evidentemente, no están en servicio”.
“Porque no se vulnera el derecho de nadie por saber los nombres, lo que sí se está vulnerando es el derecho a saber la verdad y a la reparación de Manuel José García Caparrós. Y si esta reconsideración no es tomada en cuenta, no es satisfactoria, pues, evidentemente, tendremos que ir a la Comisión de Secretos Oficiales y tendremos que pedir al Consejo de Ministros que desclasifique esa documentación”, ha concluido.
CRÍTICAS A PSOE Y PP
Por su parte Esther Gil ha expuesto las distintas acciones emprendidas para pedir la desclasificación de la documentación desde 2017, año en el que no se permitió ver los nombres de los implicados en el suceso, y ha criticado que “de nada sirve aprobar leyes de memoria democrática si después desde la mesa del Congreso de los Diputados se ponen obstáculos y argumentos jurídicos endebles para no cumplir con esta reclamación”. “La verdad sobre el franquismo no puede ser un secreto”, ha insistido.
Y preguntada por periodistas sobre la ocultación de los nombres, Gil ha dicho que en enero de 2025 la directora del Departamento de Documentación, Biblioteca y Archivos emitió un informe en el que se concluía que la documentación solicitada tenía carácter secreto. Se nos indicó que solo la Mesa del Congreso puede autorizar esa consulta y que, por tanto, la Ley de Patrimonio Histórico Español, así como el Real Decreto por el que se establece el Sistema Español de Archivos, establecen un límite para los documentos de antigüedad inferior a 50 años. Dicho límite consiste en la disociación de los datos de las personas afectadas, de modo que se impida su identificación.
En este punto se ha mostrado crítica y ha concluido: “Ese fue el argumento que se nos dio y, en cualquier caso, esto responde también a la voluntad política de hacer justicia, verdad y reparación, a la cual el PSOE y el PP no se atienen y siguen bloqueándonos el acceso no solo al asesinato de Caparrós, sino a todo el periodo de la transición democrática”.
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