También testificarán varios empresarios señalados por el presunto pago de comisiones
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El instructor del ‘caso Koldo’ interrogará este jueves como testigo a JRG, la que fuera pareja de José Luis Ábalos durante dos años, que ha aflorado en la causa porque se habría beneficiado de las comisiones en especie pagadas por la presunta trama a cambio de contratos públicos mediante dos vías: el alquiler del piso ubicado en la Plaza de España de Madrid y su contratación en dos empresas públicas.
La joven está citada a las 10.00 horas del 27 de febrero en el marco de la causa donde se investiga a Ábalos, a su ex asesor ministerial Koldo García y al presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, por el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos para comprar material sanitario en plena pandemia y de obras.
Uno de los puntos clave de su testimonio será la vivienda situada en la undécima planta del edificio Torre de Madrid, en Plaza de España, donde vivió como inquilina entre marzo de 2019 y marzo de 2022 con una renta mensual de 2.700 euros que no pagó ella.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló en uno de sus informes que De Aldama, a través de presuntos testaferros, se habría hecho cargo del pago del alquiler llegando a abonar 82.298 euros.
En concreto, la Benemérita identificó a Alberto Escolano, uno de los socios de De Aldama, y a sus sociedades como verdaderos pagadores. Este empresario también está citado para declarar a las 11.00 horas de este jueves.
Sin embargo, Ábalos y Koldo sostuvieron en sus respectivas declaraciones judiciales que fue el asesor ministerial quien se ocupó de buscar, gestionar y pagar ese alquiler porque JRG era su “amiga”, incluso antes de empezar una relación sentimental con el ex ministro.
De acuerdo con Koldo, JRG tenía una situación de “emergencia” habitacional. En ese momento, él estaba alquilado con su mujer e hija en una casa de 35 metros cuadrados, por lo que no era una opción. El ex asesor ministerial se lo comentó a Escolano, que le ofreció que se quedara en el piso que en ese momento estaban buscando para una de sus empresas. “Me haces un favor como la copa de un pino”, le espetó García, según su declaración como imputado del pasado 17 de diciembre.
El propio Koldo, a preguntas del instructor del caso en el TS, Leopoldo Puente, reconoció que esa estancia provisional se alargó y que entonces, sostuvo, tanto la propia JRG como él, con el dinero de su hermano, Joseba García, y de su hija menor, se hicieron cargo de los pagos. No obstante, el magistrado puso de relieve que solo había constancia de las transferencias bancarias de Escolano y sus empresas y, efectivamente, de su hermano y su hija (por un total de 5.803 euros).
CONTRATADA EN DOS EMPRESAS PÚBLICAS
Otro de los puntos de interés del interrogatorio a JRG será, previsiblemente, su contratación en INECO y TRAGSATEC, empresas públicas dependientes de Transportes y la SEPI, respectivamente. Koldo admitió ante el juez que se la contrató, primero en una y luego en otra, porque pidió “un favor” a su hermano, que tenía relación con ambas compañías.
Según él, hubo más candidatos y ella estaba “preparada” pero reconoció que se la eligió por ser persona de “confianza” para llevar “el tema de Joseba”. En este punto, el magistrado llamó la atención sobre el hecho de que se necesitara a una persona de confianza para hacer tareas administrativas.
Sobre este segundo eje, consta en las pesquisas un mensaje de WhatsApp de Ábalos a Koldo, enviado el 23 de febrero de 2021, avisándole de que a JRG se le iba a acabar el contrato con INECO. “Pensó que podría ayudar”, expuso el ex asesor ministerial, apostillando que la gente le solía ayudar cuando intentaba conseguir trabajo para otras personas. El 2 de marzo de 2021, la joven firmó un nuevo contrato con TRAGSATEC, según la UCO.
LOS EMPRESARIOS
Este jueves, además de Escolano, al que la UCO describe como un “presunto testaferro” de De Aldama, comparecerán como testigos otros tres empresarios: Manuel Salles, José Ruz y Manuel Contreras.
Este último quiso querellarse contra De Aldama por acusarle de pagar mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública. El Supremo le denegó el permiso, alegando que, “en este momento”, las afirmaciones del presunto conseguidor no están “mínimamente contrastadas”.
El pasado martes ya declaró como testigo Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz, un dinero que sería de Claudio Rivas –empresario imputado en otra presunta trama relacionada con el sector de hidrocarburos– pero que habría llevado por orden de De Aldama para conseguir una licencia para operar en dicho sector.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Pano no solo se ratificó en lo que ya contó a la UCO sino que detalló que esos 90.000 euros habrían llegado a Ferraz en dos viajes, cada uno con 45.000 euros, y que en una de las ocasiones la habría llevado otro empresario amigo de Rivas.
Ese mismo martes también testificó Jesús Manuel Gómez, el ex secretario de Estado de Transportes en el que Ábalos descargó la responsabilidad de la adjudicación a Soluciones de Gestión –empresa de De Aldama– de los contratos para la compra de material sanitario. Sin embargo, las fuentes consultadas indican que Gómez se desvinculó de esas adjudicaciones, indicando que solo le llegó esa oferta –vía Koldo– y la derivó a los órganos de contratación de Puertos y Carreteras.
Las testificales continuarán el 4 de marzo, con Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para el que –a decir de De Aldama– Koldo solicitó 25.000 euros después de que el empresario le pidiera el favor de aplazar un embargo para una de sus compañías. También están citados el hijo de Ábalos y el hermano de Koldo, entre otros.
Ya el 5 de marzo, último día previsto para declaraciones de testigos, están llamados los ex altos cargos de Transportes Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera, así como Alejandro de Alas Pumariño, el oficial mayor del Ministerio que en 2020 se ocupó de controlar las mascarillas compradas por la pandemia que se almacenaban en la sede gubernamental y que fue cesado el pasado enero.
- Te recomendamos -
