MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
La Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados rechazó este miércoles, por 29 votos en contra, 1 voto a favor y 1 abstención, una proposición no de ley de ERC relativa al cambio de método de cálculo de la asignación del 0,7% del IRPF que, entre otras cuestiones, reclamaba eliminar el tramo estatal de recaudación del 0,7% del IRPF para fines sociales.
Durante su intervención para la defensa de la iniciativa, el portavoz del Grupo Parlamentario Republicano, Jordi Salvador, explicó que, en primer lugar, la iniciativa demandaba “más recursos para la acción social”, aumentando del 0,7 al 1,1% la asignación del IRPF con fines sociales para “intentar combatir” la “pobreza y miseria”.
A su vez, la propuesta abogaba por la gestión directa por parte de las comunidades autónomas que son quienes tienen las competencias, eliminando el tramo estatal de recaudación del 0,7% del IRPF, equivalente al 20%, para destinarlo a las administraciones competentes en materia de derechos sociales, esto es, las comunidades autónomas.
Asimismo, pedía una “distribución justa” del dinero en función de las necesidades y la situación real de cada territorio, de modo que “haya una parte de ese dinero que vaya donde haga falta”, por lo que llamó a ser “solidarios”.
Junto a ello, la iniciativa instaba a “respetar el esfuerzo de los contribuyentes”, convencido de que el número de personas que marcan la casilla solidaria “tiene que contar a la hora de repartir los fondos”. “Si en una comunidad hay más gente que marca esa casilla, que reciban más esos recursos”, apostilló, al tiempo que también demandó “datos actualizados y ajustados a la realidad” y que los indicadores de pobreza “reflejen la realidad en cada territorio incluyendo el coste de la vida que tiene cada territorio”, propuestas todas ellas, dijo, “muy progresistas”.
ENMIENDA
Sumar presentó una enmienda al texto que fue rechazada y su diputado Lander Martínez puntualizó que “cualquier cambio” en este ámbito “debe hacerse con rigor, respetando el marco competencial y garantizando, sobre todo, un equilibrio territorial justo”.
Tras defender que “reforzar” la financiación del tercer sector “es una prioridad”, Martínez aseveró que la gestión mixta, con un 20% de los fondos en el tramo estatal y un 80% autonómico, “no es un capricho, es el resultado de un consenso político y jurídico que garantiza una distribución equitativa de recursos”.
En la misma línea, admitió que el coste de la vida “no siempre se refleja adecuadamente en los indicadores actuales” y es “un debate que debe abordarse con datos rigurosos” en el “marco” del Consejo Territorial de Servicios Sociales, si bien advirtió que “tampoco podemos ajustar o plantear un cambio unilateral que genere desigualdades entre territorios o que distorsione la función redistributiva del sistema establecido”.
“También creemos que la asignación de recursos debe seguir, por supuesto, priorizando el impacto social, no solo el volumen de casillas que se marquen en cada territorio. Incluir este criterio en el reparto podría generar algunos desequilibrios y concentrar los fondos en comunidades con mayor capacidad de recaudación en detrimento de otras”.
RECHAZO ROTUNDO DEL PP
En el turno de fijación de posición, por el PP, la parlamentaria María del Socorro Cuesta criticó que, “bajo el pretexto de mejorar la asignación del 0,7 de IRPF para fines sociales”, la propuesta de ERC pretendía “introducir un cambio arbitrario en el reparto de estos fondos”.
“Pero, seamos claros, no es un intento de mejorar la eficacia del sistema ni de garantizar que los recursos lleguen a quien más los necesitan. Es una maniobra política para beneficiar a unos territorios en detrimento de otros, rompiendo el principio de solidaridad y equilibrio que debe regir cualquier política de bienestar”, abundó.
En la misma línea, reivindicó “transparencia y eficiencia en la distribución de estos fondos”, mientras ERC, tratando de “territorializar” el reparto del 0,7% del IRPF, proponía “un sistema de reparto sesgado, que, en lugar de atender a las verdaderas necesidades de las personas más vulnerables, pretende imponer criterios territoriales que favorecen a unas comunidades frente a otras”.
“No podemos permitir que quienes más contribuyen reciban más y quienes más apoyo requieren queden en el olvido”, resolvió, convencida de que “la solidaridad no puede ser una cuestión de territorios, sino de personas” y de que el grupo republicano buscaba “romper el principio de solidaridad y territorializar aún más el reparto, convirtiéndolo en un reparto clientelar”.
Con respecto a la eliminación del tramo estatal, afeó que esto supondría “desviar más del 20% de los fondos a las comunidades autónomas sin garantizar que estos se usen de manera eficaz”. “Delegar aún más competencias sin garantizar una gestión ágil y efectiva solo incrementará las dificultades en la asignación de recursos y pondrá en riesgo la estabilidad del sistema de protección social”, advirtió, convencida de que lo que el grupo republicano propone “no es justicia social, es manipulación política de los recursos públicos”.
Por todo ello, tras aseverar que el PP “no va a permitir que se juegue con los fondos destinados a los más vulnerables para satisfacer estrategias políticas de una minoría”, avanzó que su formación “rechaza rotundamente” esta propuesta y defiende un modelo de financiación social “basado en la equidad, la eficacia y la transparencia”.
PSOE Y VOX
Por su parte, desde el PSOE, la diputada María Guijarro también acusó a ERC de querer “territorializar” el reparto y subrayó que el tercer sector de acción social de ámbito estatal “es el interlocutor natural de la Administración General del Estado y funciona”.
“Ese 20% de dinero del tramo estatal es necesario”, reivindicó y, en cuanto al aumento de fondos, recordó que, en la convocatoria de 2025, “ya se ofrecen cerca de 84 millones de euros, con un 13,3% de incremento con respecto a la convocatoria anterior y, además, se han incrementado el número de programas”.
Por último, desde Vox, Tomás Fernández aseguró que la propuesta de ERC “es un auténtico mini escándalo”. “Quieren eliminar el tramo estatal del 20% para que todo o parte de ese dinero vaya directamente a las comunidades autónomas y, como siempre, ustedes desde Cataluña quieren llevarse la mayor tajada”, abundó, convencido de que lo que pide es “que todos los españoles sigamos financiando su modelo de gasto descontrolado y, sobre todo, su red de chiringuitos ideológicos” y de que “no les interesa la pobreza, ni la justicia social ni la equidad”, sino “más dinero para Cataluña a costa en gran parte del esfuerzo de todos los españoles” y “perpetuar la pobreza porque es su forma de seguir controlando los fondos públicos”.
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