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La Junta de Andalucía recuerda a los afectados por el cierre de centros de depilación láser Europiel que tienen derecho a reclamar

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MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía recordó este miércoles a los afectados por el cierre de centros de depilación láser Europiel en Granada y Málaga que tienen derecho a reclamar el reembolso del importe de los bonos adquiridos y de los tratamientos abonados y no efectuados así como la cancelación de los tratamientos financiados que no hayan sido realizados o ni siquiera iniciados.

Así lo precisó en un comunicado en el que explicó que dicha reclamación tiene que presentarse por un medio que permita acreditar la realización de la misma, por ejemplo, carta certificada con acuse de recibo, dirigida al domicilio social de la empresa en cuestión.

En el caso de que un tratamiento haya sido financiado, la persona afectada también debe dirigir la reclamación a la entidad financiera que hubiera concedido el crédito vinculado para la suspensión de los pagos periódicos.

“Se debe detallar en dicha reclamación lo sucedido y especificar qué demanda la persona usuaria, anulación del contrato firmado por incumplimiento, devolución del importe anulado o, en su caso, del importe de la parte no satisfecha”, abundó.

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A este respecto, subrayó que, para el proceso de reclamación, es “fundamental” conservar toda la documentación recopilada, incluyendo folletos, publicidad, presupuestos, contratos, acreditación de los pagos efectuados, facturas o historia clínica.

RECLAMACIÓN

“Si la entidad financiera no atendiera las peticiones de la persona afectada, se podría presentar la oportuna reclamación ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor de la localidad de residencia de la persona afectada o, en su defecto, ante el Servicio de Consumo Provincial de la Junta de Andalucía de la provincia de residencia de la persona reclamante”, apostilló.

En este contexto, puntualizó que la reclamación podrá acompañarse, entre otros documentos, de la reclamación previa interpuesta a la clínica, el contrato de financiación, la posible publicidad, así como las comunicaciones mantenidas con la clínica y con la financiera.

Por último, señaló que la persona afectada puede acudir a la vía judicial para demandar sus derechos.


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