MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitostakis, ha pedido este miércoles “unidad” a pocos días de que se cumpla el segundo aniversario del mortal accidente de tren que tuvo lugar en febrero de 2023 en la localidad de Tempe, en la zona de Tesalia, y ha abogado por luchar contra la “explotación política” devenida de una tragedia en la que murieron 57 personas y decenas resultaron heridas.
Mitsotakis, que ha exigido “respeto por las víctimas y sus memorias”, ha advertido de la “división” provocada a raíz del accidente y el peligro que esta supone para “la estabilidad interna” del país, según informaciones recogidas por el diario ‘Kathimerini’.
Así, ha previsto la convocatoria de nuevas manifestaciones de cara a los próximos días y ha aseverado que el Gobierno “estará a la altura de su responsabilidad a la hora de garantizar que todo el mundo pueda ejercer su liberad de expresión”. “Muchos saldrán a la calle para exigir verdad y honrar a las víctimas”, ha dicho.
Sin embargo, ha puesto en tela de juicio los intereses de “algunos que buscan convertir estas marchas en una oportunidad para propiciar diferencias y divisiones”. “Buscan explotar el dolor de las víctimas para sus propios fines políticos”, ha lamentado.
“Tenemos el deber de evitar que se cuestione nuestra estabilidad interna. El país ha pagado ya un alto precio por las divisiones vividas durante el periodo electoral, y aquellos que busquen convertir las manifestaciones en una cuestión violenta nos encontrará de frente”, ha puntualizado.
El tren de pasajeros, que contaba con 350 personas a bordo y cubría el trayecto entre Atenas y la ciudad de Salónica, chocó frontalmente el 28 de febrero con un tren de mercancías, lo que provocó el descarrilamiento de tres vagones. El accidente provocó una ola de protestas contra lo que muchos consideraron el resultado de décadas de abandono del sector por parte de las autoridades.
Desde entonces, supervivientes y familiares de las víctimas afirman que los políticos, que no pueden ser imputados y únicamente pueden ser investigados por el Parlamento, están amparándose en la protección que les otorga la legislación griega en vez de “asumir sus responsabilidad” por la falta de sistemas de seguridad adecuados.
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