El encausado confeso ha ratificado dos años por estafa y el juicio sigue para aclarar la responsabilidad civil VALLADOLID, 26 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Valladolid podría acordar la devolución de los 16.000 euros consignados por el operador de telemarketing acusado de estafar más de 20.000 euros a una docena de clientes, siempre y cuando ninguno de los perjudicados reclame cantidad alguna, algo que parece absolutamente viable a raíz de lo ocurrido en la primera jornada del juicio iniciado este miércoles.
Aunque el joven de 25 años E.F.F. se ha declarado culpable de los hechos y ha asumido una condena de dos años de cárcel por estafa y descubrimiento y revelación de secretos, en concurso medial, con las atenuantes de reparación moral y del daño causado, el juicio ha proseguido para dirimir únicamente la responsabilidad civil, ya que las operadoras a las que la acusación pública considera responsables subsidiarias, Vodafone, The Phone House y Tres Telemarketing 2020, han rechazado suscribir la sentencia de conformidad.
Lo llamativo del juicio es que esa supuesta responsabilidad civil parece caerse como un castillo de naipes, toda vez que ninguno de los siete clientes que han comparecido ante el tribunal, algunos por videoconferencia, reclama cantidad alguna ya que han sido convenientemente indemnizados por las entidades bancarias donde el acusado efectuó los reintegros. Dichas entidades, que serían por tanto la verdaderas perjudicadas, ni siquiera figuran personadas en la causa como tales.
De este modo, en el supuesto de que en la segunda jornada del juicio el resto de los testigos, hasta completar la docena de afectados, confirme también que ha sido indemnizado y no reclama, la fiscal del caso podría verse obligada a retirar la reclamación de indemnizaciones, que inicialmente había cifrado en un total de 20.053 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
UN ACUSADO MUY BENEFICIADO
De la situación planteada se beneficiaría el acusado confeso, que no solo ha visto reducir de seis a dos años la pena de cárcel, una condena que ni siquiera cumplirá al haber pactado también con la fiscal la suspensión de la ejecución de la misma, sino que podría ver cómo los 16.000 euros que consignó en sede judicial para afrontar la responsabilidad civil, aplicada además como atenuante, le es devuelta por el tribunal sentenciador al no haber nadie que reclame su devolución.
De hecho, todos los afectados han coincidido al afirmar que fueron objeto de estafa, entre los meses de octubre y diciembre de 2020, a raíz de que alguien accedió a sus datos y, tras duplicar la tarjeta SIM de su móvil, efectuó distintos reintegros desde sus cuentas en distintas entidades bancarias. El principal damnificado fue un matrimonio que vio cómo desaparecía, “poco a poco y a través de pequeñas cantidades”, un total de 12.200 euros, de los cuales únicamente les falta por recuperar 200 a los que ha decidido renunciar.
En otro de los casos, la afectada ni siquiera sufrió perjuicio económico alguno ya que fue alertada a tiempo y pudo reaccionar. “Me cambiaron los datos del teléfono móvil y recibí una aviso de que el aparato permanecería inactivo entre 48 y 72 horas hasta recibir en casa una tarjeta 5G, de ahí que acudiera a una tienda de Vodafone para pedir explicaciones y se me solucionó el tema”, sin que el acusado llegara a ‘tocar’ su cuenta bancaria, ha explicado la testigo.
LOS HECHOS
El encausado confeso, que carece de antecedentes penales, entró a trabajar en febrero de 2020 en una empresa de telemarketig, encargada de formalizar contratos para una operadora de telefonía, lo que le daba acceso a las bases de datos con información personal de clientes a través de la plataforma Smart de dicha mercantil.
Inicialmente, su trabajo lo realizaba en la trastienda de un establecimiento en la calle Mantería y más tarde en una oficina situada en la calle Don Sancho, hasta la finalización de su contrato en marzo de 2021.
Pues bien, en ese periodo el acusado accedía a la plataforma en la que figuraban los datos de los clientes para, tras seleccionar posibles víctimas, fundamentalmente personas de edad avanzada y con cuenta asociada al Banco Santander, servirse de dicha información personal para, a través de un prolijo proceso, lograr la duplicación de las tarjetas SIM de las víctimas.
A partir de ahí, E.F.F. realizó, en beneficio propio, cargos fraudulentos en nombre de los perjudicados en distintos cajeros–en el caso de una de las víctimas se contabiliza una treintena de operaciones–, a la vez que efectuó numerosas compras en comercios de la provincia.
El acusado no pudo continuar realizando los hechos al ser trasladado de puesto de trabajo, perdiendo la posibilidad de acceso a la base de datos.
Fue el 15 de junio de 2021 cuando la policía efectuó un registro en el domicilio del acusado, en la calle Costada Dorada de la capital, que compartía con sus padres y una hermana y donde los agentes se incautaron de varias prendas que portaba cuando realizaba los reintegros en los cajeros automáticos, dos de los teléfonos móviles para realizar los duplicados de tarjetas SIM de las víctimas, junto con imágenes correspondientes a la documentación de terceras personas y cuentas bancarias.
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