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Túnez niega las críticas de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y afirma que están llenas de “inexactitudes”

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Desvincula la detención de opositores de sus acciones políticas y afirma que “nadie puede afirmar que esté por encima de la rendición de cuentas”

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Túnez ha rechazado este martes las críticas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, sobre la situación de los Derechos Humanos y su llamamiento a favor del fin de la “persecución” de figuras opositoras, unas acusaciones que las autoridades tunecinas afirman que están repletas de “inexactitudes”.

“Túnez ha recibido con profundo asombro las inexactitudes y críticas contenidas en el comunicado emitido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las situaciones de algunos ciudadanos tunecinos que son objeto de procesamiento judicial por parte de la justicia nacional”, ha dicho el Ministerio de Exteriores tunecino.

Así, ha explicado a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que “Túnez no necesita enfatizar su interés por proteger los Derechos Humanos, ya que cree profundamente en ellos y está comprometido con las disposiciones de su Constitución, sus leyes nacionales y sus compromisos internacionales a nivel regional e internacional”.

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“Es útil recordar que, cuando se organizan manifestaciones, las fuerzas de seguridad tunecinas no persiguen a los manifestantes, sino que garantizan su protección y dan protección especial a diversos opositores para que no queden expuestos a ataques”, ha aseverado, antes de afirmar que “Túnez puede dar lecciones a los que creen que están en posición de dar lecciones o hacer declaraciones”.

“En cuanto a las personas que han comparecido ante el poder judicial, esto queda a discreción independiente de los jueces y ningún órgano no judicial tiene participación alguna en las medidas adoptadas por ellos en el marco de la aplicación de la ley, que exige el suministro de todas las garantías judiciales, incluido un trato que no atente contra la dignidad humana, el derecho a la defensa y otras garantías”, ha argumentado.

De esta forma, ha desvinculado la detención de opositores de sus acciones políticas y ha recalcado que “nadie puede afirmar que esté por encima de la rendición de cuentas o usar la presión a nivel nacional o internacional para evadir la justicia o escapar a un castigo”, antes de preguntarse “qué debe hacer el aparato judicial cuando alguien declara que provocará una guerra civil (…) o cuando otro dice que ha preparado a 100.000 terroristas suicidas”.

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“¿Recae sobre la libertad de opinión la calumnia, la difamación y los actos indecentes? ¿Difundir rumores y empeorar la situación mientras se mantienen contactos de Inteligencia con actores extranjeros no está penalizado por la ley, como pasa en todos los países del mundo?”, ha cuestionado el Ministerio de Exteriores tunecino.

Por último, ha recalcado que “quizá las críticas contra Túnez a día de hoy sean porque su pueblo quería vivir libremente en un país totalmente independiente y soberano, y que si hubiera mantenido la cabeza baja, cosa que nunca hará, habría recibido una lluvia de certificados de buena conducta por parte de quienes expresan su preocupación”.

La reacción del Gobierno tunecino ha llegado una semana después de que Turk pidiera poner fin a la “persecución” de figuras de la oposición y poner en libertad de forma “inmediata” a periodistas y activistas, a menudo objeto de “detenciones arbitrarias”, al tiempo que pidió a las autoridades “respetar los derechos a la libertad de expresión y de opinión” y acabar con un “patrón de arrestos y encarcelamiento de decenas de defensores de los Derechos Humanos, abogados, periodistas, políticos y activistas”.

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La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado desde hace más de tres años una deriva autoritaria del presidente, Kais Sied –quien en 2021 se arrogó todas las competencias tras disolver el Parlamento y el Gobierno–, y ha exigido su dimisión, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas y las bajas tasas de participación en el referéndum constitucional y las elecciones celebradas desde entonces en Túnez.


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