VALLADOLID, 25 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se seguían contra el alcalde de Tordesillas, el ‘popular’ Miguel Ángel Oliveira, por delito de prevaricación administrativa con motivo del caso de 47 multas que el Ayuntamiento de la localidad no tramitó en el segundo semestre de 2022.
En su auto recogido por Europa Press, Instrucción 1 entiende que “de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 641-1º y, en su caso, en el artículo 779.1.1ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien se da un plazo para recurrir su decisión a través de recurso de reforma, ante el propio juzgado, y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial.
El sobreseimiento se produce tras las diligencias de instrucción practicadas en las que, entre otras pruebas, se ha contado con el testimonio del alcalde de Tordesillas, que lo hizo en calidad de investigado el 18 de marzo del pasado año al considerar inicialmente el juzgado que su conducta pudiera haber incurrido en delitos de malversación y prevaricación, tras una denuncia que hizo la propia policía del municipio a la Fiscalía de Valladolid.
Los hechos se remontan a 2022. Concretamente, al 10 de junio, cuando llegó la citada denuncia a la Fiscalía. En ella se aseguraba que desde el día 2 de ese mes no se estaban tramitando las multas de tráfico, un extremo que, según los policías, reconocían los propios ciudadanos. !Para que denunciáis, si no tramitáis”, llegaban a decirles a los agentes, puesto que las sanciones no se llegaban a cobrar.
Oliveira llegó a reconocer en un pleno municipal que esto se estaba produciendo y aseguró que el motivo no era otro que la falta de personal, dado que la encargada de esa labor se había jubilado en 2019 y, desde ese año, un técnico municipal asumió esa función, con la correspondiente compensación económica.
Pero en junio de 2022 dejó de hacerlo porque esta función era incompatible con el resto de las que tenía. Fue entonces cuando el Ayuntamiento sacó una oferta de empleo público para esa plaza de administrativo, pero el proceso se dilató en el tiempo y las multas no se tramitaron entre junio y noviembre.
Cuando los policías de Tordesillas denunciaron esta situación ante la Fiscalía, propusieron dos opciones para solventar la falta de personal: delegar la tramitación de las multas a la Jefatura Provincial de Tráfico o contratar a una empresa externa.
Ninguna de ellas se adoptó, aunque el propio Oliveira reconoció que propuso a los agentes asumir esta función y pagarles por ello y también se negaron. En ese medio año de vacío de actividad se dejaron de tramitar 47 multas de tráfico, 40 leves, por un valor de 80 euros, y siete graves, por un montante de 200 euros. En total, 4.600 euros. Todas ellas han prescrito y ya no se podrán cobrar.
El regidor hizo público un comunicado en su momento para defenderse del retraso en el proceso de sustitución de esa trabajadora. “La plaza no pudo sacarse en tiempo debido a la limitación impuesta desde el ejecutivo central a las entidades locales por la nueva reforma laboral para la reposición de efectivos”, señaló.
En declaraciones también en su momento al Día de Valladolid, Oliveira añadió que estaba “tranquilo”, que confiaba en la justicia y que contaba con el apoyo de su equipo técnico, al mismo tiempo que deslizó su opinión sobre la posibilidad de que esa denuncia de los policías se produjese como una “medida de presión” por la falta de acuerdo en ciertas negociaciones de ámbito laboral con ellos.
El alcalde de Tordesillas incidió en que él no había sacado ningún beneficio de este contratiempo y tampoco había tenido la intención de beneficiar a ningún vecino. “Desde que estoy en el cargo todas las irregularidades se sancionan, pero en este caso nos hemos visto sin recursos materiales”, explicó.
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