LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 (EUROPA PRESS)
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), Beatriz Calzada, ha indicado que el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria “no es un barrio residencial”, de ahí que se hayan enviado una serie de cartas a personas que se consideran que están viviendo en barcos que se encuentran atracados en dicho muelle.
Calzada ha matizado que esta es una situación que “no es nueva”, que “viene desde hace muchos años”, por lo que admitió que se trata de un tema “muy delicado” y “muy sensible” que afecta a personas, por lo que el objetivo es llevarlo con “todo tipo de responsabilidad y respeto” hacia esas personas.
“Estamos llevando a cabo los procedimientos administrativos, tal como establece la ley para, además, no solo garantizar lo que dice la ley de puertos, sino también no provocar ningún tipo de indefensión en esas personas, que evidentemente en cada momento puedan acudir a la intermediación o que puedan acudir a todas las actuaciones que consideren pertinentes”, indicó en declaraciones al programa ‘A buenas horas’, con José Luis Martín, que se emite en plataformas digitales, y recoge Europa Press.
Añadió que la ley dice “muy claro” cuáles son los usos que se permiten en este caso en el muelle deportivo, que puntualizó es una marina que está dentro de un puerto de interés estatal, y en este sentido indicó que la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante “es suficientemente clara” a este respecto, además de la ordenanza que tiene este espacio, por lo que “no se puede residir en un muelle deportivo que, desde luego, no es un barrio residencial ni es una zona residencial”.
Calzada también señaló que se ha hecho un trabajo previo en relación a las personas que se consideran que residen en el muelle, de ahí que justificó el envío de cartas para que abandonen, aunque afirmó que son “conscientes” de que en todo este proceso pueden aflorar situaciones, por ejemplo, de emergencia habitacional.
En estos casos, puntualizó, se da traslado a los servicios sociales porque se entiende que una situación de emergencia habitacional “es demasiado grave, demasiado dura para una familia y que, desde luego, no puede ser solventada con un barco que no cumple ninguna condición de habitabilidad”.
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