La patronal europea afirma que es necesaria una solución urgente para abordar “los costes desproporcionados” por incumplimiento
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Constructores Europeos del Automóvil (Acea) ha hecho nuevamente un llamamiento a la flexibilización de la normativa de emisiones de CO2 de la Unión Europea, ‘CAFE’ (Emisiones de Combustible Medias Corporativas, por sus siglas en inglés) con la introducción gradual de un mecanismo de cumplimiento promedio para los años 2025-2029, según explica la asociación en un comunicado.
En concreto, Acea plantea a los responsables políticos europeos que consideren dos opciones: una introducción gradual del 90% para 2025 y una del 95% para 2026 o la introducción de un mecanismo de cumplimiento promedio para los años 2025-2029.
De acuerdo con este nueva normativa contemplada en el Pacto Verde europeo, en 2025 las emisiones de dióxido de carbono deben bajar de 115 a 93,6 gramos por kilómetro en los coches vendidos en los 27 países de la UE.
Aquel fabricante que incumpla puede verse sancionado con hasta 95 euros por cada gramo excedido según la ley, lo que abre la puerta a multas que se elevan hasta los 16.000 millones de euros en todo el sector, según cifra Acea, que señala que este dinero puede reinvertirse en la fabricación y en puestos de trabajo.
Las sanciones se aplicarán después de 2025 (tras el cálculo y la verificación por parte de la Agencia Europea del Medio Ambiente y la Comisión Europea en 2026) y las empresas aún tendrían que hacer acuerdos financieros, lo que significa que este dinero no se puede utilizar para la reinversión.
Además, la patronal indica que la normativa tal y como está planteada implicaría limitar la producción y las ventas de automóviles y furgonetas con motor de combustión interna (ICE), lo que podría provocar cierres de fábricas y desempleo, con el fin de compensar el menor número de vehículos ‘cero emisiones’ colocados en el mercado y cumplir así los objetivos de reducción de CO2 específicos de los fabricantes de equipos originales.
A su vez, la asociación indica que esta cuestión da pie a que los fabricantes realicen pagos a competidores, incluidos fabricantes no pertenecientes a la UE, en los fondos comunes de derechos de emisiones o ‘pools’, lo que supone una pérdida para la industria europea.
También advierte de que provocaría vender vehículos eléctricos por debajo del precio de mercado para apoyar los volúmenes de producción generales, lo que distorsionaría el mercado de segunda mano de vehículos eléctricos, que ya tienen un bajo valor de reventa, y socavaría la rentabilidad de los fabricantes, debilitando aún más su competitividad global.
“Como confirmó la investigación de la Comisión Europea, los fabricantes habían estado vendiendo vehículos eléctricos de batería a pérdidas, de modo que una mayor contención de los precios pondría en riesgo la capacidad de la industria para financiar la transición”, añade.
LA FLEXIBILIZACIÓN NO MERMA LOS OBJETIVOS PARA REDUCIR LOS GEI
En esta línea, Acea ha querido despejar las dudas acerca de si la propuesta implicaría “reducir la ambición” de los objetivos de recorte de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la UE.
En concreto, la patronal afirma que los puntos de vista que sostienen que la flexibilización de la norma “mataría los objetivos de CO2” pasan por alto el reconocimiento de que hay un problema de demanda de vehículos de cero emisiones en la UE.
“Esta opinión presupone que es solo la oferta la que impulsa la demanda de estos vehículos por parte de los consumidores. De hecho, la demanda de los consumidores está influenciada por múltiples factores, no solo la oferta”, explica.
Y menciona otros factores importantes que influyen en la demanda de los consumidores, como la falta de infraestructura de recarga, la comodidad de uso, el coste total de propiedad y la asequibilidad, que se citan con frecuencia como barreras para los consumidores.
Acea remarca que actualmente, en el mercado de la UE hay disponibles 370 modelos de vehículos eléctricos de batería, incluidos 16 modelos con un precio inferior a 30.000 euros.
También aborda la suposición de que, por cada vehículo eléctrico de batería que falta los fabricantes producirían uno nuevo con motor de combustión interna, la cual tacha de errónea, ya que ignora las realidades del mercado.
“Los fabricantes producen para satisfacer la demanda actual y prevista del mercado, y no por “cuotas” para cada tecnología. Lo cierto es lo contrario: si los fabricantes de equipos originales tuvieran que producir y vender más vehículos con motor de combustión interna, tendrían que producir aún más vehículos eléctricos para compensar las emisiones y cumplir los objetivos”, detalla.
SIN FLEXIBILIDAD VIENE UN PERIODO DE INCERTIDUMBRE
Por otro lado, los fabricantes europeos sostienen que ellos son los que tienen un interés directo en vender vehículos eléctricos de forma exponencial para estar preparados para el objetivo del ‘fit for 55’.
Así, afirman que respecto a la propuesta del cumplimiento plurianual “no habrá ningún impacto ambiental adverso, ya que cualquier incumplimiento debe ser compensado”.
Acea explica que este sistema proporciona la capacidad de reaccionar a las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que permite a los fabricantes de automóviles cumplir los objetivos de reducción de CO2 de manera constante en lugar de hacerlo a través de medidas abruptas impulsadas por el cumplimiento.
Sobre la introducción gradual, la patronal afirma que se trata de “una medida probada y comprobada para evitar costes desproporcionados de cumplimiento para los fabricantes en un momento en el que necesitan reinvertir en la transición”.
Además, apuntan que privar a la industria de su capacidad de innovar e invertir “no es bueno ni para el medio ambiente ni para la política industrial a largo plazo. Debilitar la industria ahora con costes de cumplimiento excesivos socavará su capacidad para cumplir objetivos más estrictos para 2030 y 2035”.
Finalmente, los fabricantes sostienen que “sin flexibilidad, el período 2025-2026 podría convertirse en un período de incertidumbre regulatoria que obligaría a los fabricantes de automóviles a tomar medidas extremas a corto plazo (reducciones pronunciadas de precios, aumentos excesivos de la oferta de vehículos eléctricos) solo para cumplir con un objetivo de un año”.
Acea detalla que esto podría desestabilizar los precios, crear estrategias de descuento insostenibles y socavar la estabilidad financiera, lo que tendría un impacto negativo en la industria automotriz europea en general.
“Estamos de acuerdo en que la UE debe intensificar las medidas para apoyar la demanda de vehículos de cero emisiones, pero estas medidas no se adoptarán de inmediato ni impulsarán el mercado de la noche a la mañana para aliviar los costes desproporcionados que supondrá el cumplimiento de la normativa para los fabricantes en 2025”, concluye.
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