VALÈNCIA, 24 (EUROPA PRESS)
La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), adscrita al Ministerio de Economía, trabaja “intensamente” en la puesta a punto de las viviendas disponibles en los municipios más afectados por la dana del pasado 29 de octubre, así como en las localidades cercanas.
Actualmente, la Sareb está terminando de amueblar las primeras viviendas y sigue con las labores de conexión de los suministros, explica el Gobierno en una respuesta parlamentaria al PP recogida por Europa Press y fechada el pasado 10 de febrero.
La Sareb está empezando a asignar las viviendas disponibles a las familias seleccionadas, dentro de los criterios de selección remitidos por la Generalitat. Esta labor se realiza en “estrecha colaboración” con la administración autonómica y con los ayuntamientos.
Paralelamente, el Ministerio de Vivienda ha adoptado medidas como la entrega de ayudas para la reparación y reconstrucción de viviendas, enseres domésticos y elementos comunes de comunidades de vecinos, además de la moratoria para hipotecas y pago de intereses o la compra de viviendas para el alojamiento de familias que hayan perdido temporal o permanentemente sus viviendas por la dana.
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La Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), adscrita al Ministerio de Vivienda, ha ofrecido “todos sus medios” para hacer frente a esta catástrofe. El pasado 20 de noviembre lanzó una convocatoria abierta para la adquisición, por concurrencia directa, de viviendas en los municipios afectados, con una dotación de 25 millones de euros.
Estas viviendas se destinarán a los afectados por la dana, mediante contratos de alquiler, con la posibilidad de moratoria de un año en el pago del mismo. Su adjudicación se coordina con la Generalitat.
Además, SEPES aprobó el 19 de diciembre la autorización para la comercialización mediante contratos de arrendamiento de las viviendas adquiridas para el alojamiento temporal de los afectados por la dana, con la concesión de un año de carencia para el pago de la renta –es decir, sin retorno para la persona afectada–, “como la mayoría de las ayudas aprobadas por el Gobierno”.
En el marco de esta medida, la entidad estatal asumirá sin repercusión para el arrendatario los costes derivados del pago de impuestos, las cuotas de la comunidad de propietarios y de seguros correspondientes a daños sobre el continente y contenido de la vivienda.
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