MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
El Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña acordaron este lunes aumentar en 25.000 efectivos el cuerpo de Mossos d’Esuadra para 2030, tal y como pidieron Junts y ERC en sus respectivos acuerdos para investir a Pedro Sánchez.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el consejero de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Albert Dalmau, escenificaron este lunes en la Comisión Bilateral que se celebró en Barcelona nuevas cesiones a Cataluña, como la ampliación del cuerpo de Mossos.
Un acuerdo solicitado por ERC y también por Junts para poder hacer frente al despliegue de la policía autonómica en puertos y aeropuertos, una de las reclamaciones que la formación liderada por Carles Puigdemont demandó a Sánchez en el contexto de la cesión de las competencias de inmigración para Cataluña.
Unas negociaciones que este pasado viernes estuvieron en Suiza “en un punto difícil”, según apuntaron fuentes gubernamentales a Servimedia, en una reunión entre PSOE y Junts, pero que finalmente han dado un paso importante al anunciar los de Puigdemont este lunes que retirarán de la Cámara Baja su proposición no de ley para debatir sobre que Pedro Sánchez se presente a una cuestión de confianza y así poder seguir avanzando con el acuerdo sobre inmigración.
“Finalmente, el Gobierno catalán y español aplican uno de los acuerdos a los que Junts llegó en Madrid para ampliar el cuerpo de los Mossos d’Esquadra”, celebró la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. Fuentes de ERC también reivindicaron este pacto asegurando que este asunto “ya lo pactó el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès pero no se había implementado”.
Según datos del Ministerio del Interior, actualmente, los Mossos tienen una plantilla de 19.070 agentes y estaba previsto que la cifra ascendiera a los 22.000 en cinco años. Finalmente, el Gobierno concederá 3.000 agentes extra a Cataluña.
Esta medida va acompañada de un plan de choque para crear 60 nuevas plazas de jueces en Cataluña para acercarse a la media española de número de magistrados cada 100.000 habitantes (12 frente a 10,9) y un consorcio público, pactado con ERC en los acuerdos de investidura, para acelerar inversiones.
Al paquete policial y judicial, se le añade también el traspaso definitivo de la gestión de las becas, una reivindicación histórica de la Generalitat ya pactada y nunca consumada, y el consorcio ya citado. Este ente estará activo en 2026 y empezará por liquidar la partida de la Disposición adicional Tercera del Estatut que el Estado adeuda a Cataluña del periodo 2009-2013. Fuentes de la Generalitat avanzaron que la cifra exacta la calculará un grupo de trabajo que se creará en los próximos días. Estos acuerdos dotan también al Govern para convocar plazas para funcionarios municipales como secretarios e interventores.
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