Sánchez acusa a la sociedad de usar prácticas “abusivas” como los fondos buitres
GIJÓN, 21 (EUROPA PRESS)
El director general de Vivienda del Principado de Asturias, Jesús Daniel Sánchez, se ha comprometido este viernes a mediar ante el Ejecutivo central para tratar de evitar que desalojen a 16 familias de un edificio en Gijón que es propiedad de la Sareb.
Así lo ha indicado tras la reunión mantenida con los afectados, acompañado del portavoz municipal de IU en Gijón, Javier Suárez Llana, y el diputado nacional de Sumar, Rafael Cofiño.
Sánchez, que ha confesado que en la Consejería de Ordenación y de Vivienda están “perplejos” ante esta situación, ha opinado que estas prácticas usadas por la Sareb son “más propias de un fondo buitre, de cualquier poder económico que de una empresa mayoritariamente participada por el Estado”.
Para él, los vecinos no son parte implicada ahora mismo, a lo que ha señalado que no estamos hablando de un lanzamiento individual, sino que se ven inmersos en una “trama judicial” en la que entre la empresa y la Sareb ahora mismo hay un lanzamiento colectivo.
Ha insistido, en este sentido, en que no se está valorando de forma individual los casos de cada uno de estos inquilinos. Sánchez ha insistido en que no se puede hablar de lanzamientos ahora mismo sin tener en cuenta la situación individual de cada una de las personas que allí viven.
Ha asegurado, unido a ello, que desde la Consejería tomarán medidas políticas. Sobre ello, ha incidido en que aunque no son sus competencias, porque es una empresa estatal, sí desde la Consejería van a emitir “de forma urgente” una carta a ambos ministerios, al Ministerio de Economía, que es el titular ahora mismo aún de esas viviendas, y al Ministerio de Vivienda, que es el que ha anunciado esa empresa pública de vivienda que teóricamente va a nutrirse de las mismas.
“No puede ser que unas viviendas que son la base de una empresa pública ahora mismo sean la base de un desahucio, sin tener en cuenta la garantía de las personas”, ha remarcado Sánchez.
“Esto es una práctica, yo creo que totalmente irregular, abusiva, y por lo tanto, para mí, irresponsable por parte del Gobierno de España”, ha opinado el director general de Vivienda.
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