La Fiscalía investiga el presunto fraccionamiento ilegal de contratos en las obras de centros de Formación Profesional
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha alegado que la Consejería que dirige mantiene “una actitud responsable y de máximo respeto por la legalidad”, tras la petición del PSOE de Madrid de ampliar el ‘caso FP’ a dos centros más de la Comunidad de Madrid.
Tras acudir este viernes a las Jornadas Gastronómicas organizadas por la Escuela pública de Hostelería y Turismo de Alcalá de Henares, el consejero ha explicado que, cuando se detecta cualquier tipo de irregularidad, se hace “una investigación interna y luego, en su caso, se da traslado a la Fiscalía”. En este caso se investiga el presunto fraccionamiento ilegal de contratos en las obras de centros de Formación Profesional y donde los ‘socialistas’ se han personado como acusación popular.
“Aparte de eso, el asunto está judicializado y lo están investigando”, ha expresado, y ha añadido que “lo que haga el PSOE es lógicamente su decisión”. Además, Viciana ha recordado que, en caso de detectar cualquier otro caso, actuarán de la misma forma.
Las declaraciones se han producido justo un día después de que el PSOE, actuando como acusación popular, pidiera a la Fiscalía que ampliara la investigación del caso FP a dos espacios más: el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa ‘Las Acacias’, un edificio situado en el complejo arquitectónico de La Quinta de Vista Alegre o Finca Vista Alegre, y el antiguo colegio Carlos Solé, en la calle José Paulete y que tras años de abandono pasó a formar parte del patrimonio de la Comunidad de Madrid.
En cuanto al ISMIE, el texto judicial detalla que “entre 2017 y 2024 se han realizado 27 contratos menores de obras por valor de 419.402,07 euros. En el caso del antiguo colegio, “se han adjudicado contratos menores que se relacionan, todo el mismo día, 26 de abril de 2022, por una cuantía de 112.551 euros”, recogió el escrito de denuncia.
La semana pasada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que el Ejecutivo regional se personará como acusación particular en el ‘caso FP’ cuando “la instrucción lo permita”.
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