MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, subrayó este jueves su “compromiso claro” de proteger los derechos de los consumidores españoles y “vigilar” las “prácticas abusivas” para “evitar” que “el engaño forme parte del modelo de negocio de ninguna empresa”.
Así lo advirtió en un mensaje publicado en sus redes sociales después de que su gabinete haya abierto expedientes sancionadores contra grandes gestoras de pisos turísticos por posibles “prácticas engañosas”, ya que, a su juicio, “podrían inducir a error a los consumidores, anunciando, por ejemplo, que la gestión es realizada por particulares cuando en realidad es una empresa”.
Tal y como precisó Bustinduy, estas acciones, “basadas” en la Ley de Competencia Desleal, se “suman” a otras medidas emprendidas por su departamento contra plataformas y agencias inmobiliarias que “emplean prácticas abusivas, dificultando el acceso a la vivienda”.
“Nuestro compromiso es claro: proteger los derechos de los consumidores españoles y vigilar las prácticas abusivas para evitar que el engaño forme parte del modelo de negocio de ninguna empresa”, sentenció.
EXPEDIENTES
En concreto, el departamento que dirige Bustinduy ha incoado, a través de la Dirección General de Consumo, expedientes sancionadores a empresas que administran viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas y que, a su entender, podrían estar incurriendo en “prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones” de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Según confirmó Consumo, estos nuevos expedientes sancionadores que abre tienen su origen en la investigación que se puso en marcha desde el departamento que lidera Pablo Bustinduy el pasado mes de diciembre, a partir de la cual se requirió información a diversas empresas que operan en todo el territorio nacional comercializando alojamientos turísticos en régimen de alquiler.
Los datos recopilados por la Dirección General de Consumo “constatarían” que estas empresas estarían ocasionando “lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”.
Estos expedientes sancionadores se incoan tras detectarse que estas grandes gestoras, que administran cientos de viviendas turísticas, estarían ofreciendo “información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios”, lo que, según puntualizó la cartera de Bustinduy, supondría una “práctica engañosa” susceptible de “alterar” el comportamiento económico, como define el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal.
“Esto es, por ejemplo, indicar en el anuncio que quien gestiona un alojamiento turístico es una persona particular, o varias, cuando en realidad se trata de una empresa”, abundó.
PRÁCTICAS ENGAÑOSAS
Estas prácticas se considerarían “engañosas” en base al Artículo 27 de la Ley de Competencia Desleal, donde, explicó Consumo, se detalla que “afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional” así como “presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario” son acciones contrarias a la normativa. “Según el precepto legal, estas prácticas pueden llegar a calificarse, además, como infracciones graves, con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito que haya obtenido cada empresa por haberlas llevado a cabo”, advirtió el Ministerio.
Por otra parte, la Dirección General de Consumo recalcó que la apertura de estos expedientes “no prejuzga el resultado final de los mismos”.
Estos nuevos procedimientos de sanción por parte de Consumo se unen al expediente sancionador que el departamento que dirige Pablo Bustinduy abrió hace dos meses, también en el ámbito de las viviendas turísticas, a una plataforma dedicada al alquiler de este tipo de alojamientos.
En esta misma línea, la Dirección General de Consumo empezó a investigar en octubre a diversas agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas “abusivas” contra inquilinos en la gestión del alquiler, como obligar a pagar comisión por la gestión del arrendamiento, a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, o aceptar cláusulas contrarias la normativa.
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