MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Madrid llevará al Pleno municipal un “plan de choque” contra el fenómeno de la inquiokupación, que contempla “medidas correctoras” y una “revisión” de los informes de vulnerabilidad para evitar la “picaresca” de quienes tienen una “situación real” que “no se ajusta a la vulnerabilidad” acreditada en informes.
Vox llevará al próximo Pleno esta propuesta con el objetivo de atajar el problema de la inquiokupación, que se produce cuando unos inquilinos dejan de pagar el alquiler pero no pueden ser desahuciados porque acreditan una situación de vulnerabilidad a través de un informe.
Según explica Vox en su propuesta, “las decisiones políticas han motivado cambios legislativos” que han “favorecido que crezca este fenómeno”. Asimismo, señalan que “en Madrid existen pisos que podrían destinarse al alquiler” pero debido a la inquiokupación los propietarios prefieren “tener sus viviendas vacías o incluso venderlas si necesitan obtener liquidez, debido al riesgo de que sus inquilinos dejen de pagar el alquiler y se nieguen a desalojar el inmueble”.
Por otra parte, desde la formación consideran que el Ayuntamiento tiene un “papel fundamental” en la “emisión de informes que acreditan la situación de vulnerabilidad económica y social de los inquilinos y que paralizan los desahucios”. En ese sentido, advierten que una vez emitidos los informes de vulnerabilidad “no suelen ser revisados” y este hecho ha creado “una picaresca que permite a inquiokupas, aprovechándose de la burocracia administrativa, dejar de pagar cuando su situación real no se ajusta a la vulnerabilidad que se acreditó”.
Para terminar con esta situación proponen un “plan de choque” que incluya un mecanismo que ofrezca a los inquilinos con un informe de vulnerabilidad que además no pueda pagar sus alquileres un piso social al que poder trasladarse, de forma que si no lo aceptan se les retire el certificado de vulnerabilidad.
Asimismo, incluyen un procedimiento de revisión de los informes emitidos que permita “comprobar si la situación ha mejorado, junto con la habilitación de un sistema de comunicación para que los propietarios o cualquier interesado puedan aportar pruebas que acrediten que la vulnerabilidad no es tal, como por ejemplo escrituras de propiedad de los inquilinos de otras viviendas”.
Añaden además establecer “medidas correctoras” en caso de que un informe se emita “de forma indebida” y un análisis periódico con presentación en el Pleno sobre los resultados del plan.
TRABAJADORES MUNICIPALES
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, valoró la medida y criticó a Vox por “insinuar” con su propuesta que “los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid no hacen adecuadamente su trabajo” y añadió que no va a “permitir” que se extienda un “manto de sospecha sobre los trabajadores municipales en el ámbito social que hacen un grandísimo trabajo”.
“Si tienen pruebas de que ha habido algún trabajador que no ha realizado adecuadamente sus funciones, lo que tiene que hacer es dar traslado y poner en conocimiento, pero jamás poner en sombra y en sospecha a todo un conjunto de trabajadores que realizan muy bien sus funciones”, zanjó.
Finalmente, explicó que “el Estado de derecho tiene que dar los instrumentos necesarios para que si una persona deja de pagar inmediatamente pueda ser desokupada de una vivienda y en el caso de que necesite un recurso social será la administración la que deba proporcionar ese recurso social”.
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