“Hemos perdido un año y el tiempo corre aquí en contra de los afectados”, avisa la portavoz de los vecinos
SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)
Los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla) afectados por la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L. enclavada en dicha zona han lamentado este miércoles haber sido “olvidados” en la conformación de la mesa de trabajo promovida por la Consejería de Sostenibilidad; en cumplimiento de la proposición no de Ley (PNL) aprobada por el Parlamento de Andalucía en febrero de 2024 a instancias del PSOE, en demanda de la creación de dicho grupo.
Rogelia Gómez, portavoz del colectivo, ha manifestado en declaraciones a Europa Press que en dicha mesa de trabajo, cuya primera reunión está fijada para el 13 de marzo, la Junta “olvida” contar con “los principales” actores en el asunto, que no son otros que los propios “vecinos afectados”, como ha razonado.
La mesa de trabajo, recordémoslo, contará con participación del Ayuntamiento de Coria del Río, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Emasesa, Aljarafesa y las delegaciones territoriales de las consejerías de Sostenibilidad, Salud, Industria y Agricultura.
Además, Rogelia Gómez ha criticado el tiempo transcurrido desde el mencionado acuerdo en el Parlamento andaluz en febrero de 2024 y el anuncio ahora de la primera reunión de dicha mesa de trabajo. “Hemos perdido un año y el tiempo corre aquí en contra de los afectados”, ha lamentado.
Ello, en un marco en el que pesa el informe emitido por la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado el pasado 13 de diciembre, sobre el “foco contaminante” de la gasolinera.
Dicho informe técnico, según expone la fiscal de Medio Ambiente de Sevilla al juzgado instructor del caso, “confirma el peligro de daño sustancial para la calidad de las aguas superficiales y un daño constatado en las aguas subterráneas, suelos y salud de las personas”; con lo que “se ha producido un peligro global de grave afección, con afección constatada en algunos elementos, al conjunto del sistema natural atacado”, que conforman “aguas, suelos y salud de los habitantes”.
EL AVISO DE LA FISCALÍA
Y es que entre las conclusiones del informe de diciembre de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado figuran aspectos como que “se ha producido un riesgo de daño sustancial para la salud de las personas, con afección demostrada a los residentes de la barriada, debido a la presencia de compuestos orgánicos en sus domicilios que no deberían estar de manera natural y que coinciden con los productos contaminantes encontrados en los suelos y aguas subterráneas en el entorno de la estación de servicio”.
Siempre, “como consecuencia de los vertidos producidos desde los tanques enterrados de la estación de servicio, que contenían hidrocarburos del tipo gasolina, gasoil y aceites minerales que se encontraban en mal estado”, según este informe de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General.
Así, este informe de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General constata “la afección generada por la contaminación tanto al medio natural, como a la salud de las personas”.
En el asunto pesa además un informe del Servicio de Calidad del Suelo de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental de la Junta, sobre la documentación presentada por la empresa Zamarrilla Inversiones sobre su proyecto de recuperación voluntaria del suelo en su gasolinera, foco del conocido episodio de contaminación; que expone que aún pesan “elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten la certificación de la descontaminación”.
EL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS TERRENOS
En el citado informe del Servicio de Calidad del Suelo, emitido el pasado 28 de agosto de 2024 y recogido por Europa Press, se detalla que la documentación aportada por la empresa de la estación de servicio deriva del “seguimiento del proyecto de recuperación voluntaria realizado por la entidad Inerco, Inspección y Control”, señalando que tanto Zamarrilla como Inerco consideran esta documentación como “el informe final del proyecto” de descontaminación.
Pero tras analizar pormenorizadamente el asunto, el área de Calidad del Suelo expone que “si bien el proyecto tal y como estaba autorizado ha finalizado, las elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten la certificación de la descontaminación”; además de que “no existen evidencias de que la técnica de remediación empleada haya sido agotada, más bien todo lo contrario dadas las concentraciones de contaminantes existentes en las aguas y la efectividad que muestran los análisis de efluentes a la entrada y salida del sistema de recuperación”.
A tal efecto, este departamento de la Junta señala que “procede la ampliación del proyecto de recuperación” voluntaria del suelo de cara a su descontaminación, siendo citados por cierto los afectados para el 10 de marzo por la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente para abordar este documento.
Sobre el asunto pesa también la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del litigio contencioso de los vecinos, declarada firme a finales de febrero de 2024.
LA SENTENCIA DEL TSJA
En dicha sentencia, el TSJA ordena al Ayuntamiento de Coria del Río, gobernado por el andalucista Modesto González, investigado en la causa penal; que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados y resuelva dicho procedimiento que había archivado.
El tribunal considera que merced a un informe de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua, resulta “inequívoca la existencia de contaminantes en los terrenos, con una clara afectación a las viviendas de los vecinos”, ordenando al Ayuntamiento la citada medida de reimpulsar la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados; pero sin acceder a ordenar el plan de “realojo” pedido por los vecinos ni a mandar actuaciones disciplinarias sobre empleados públicos ni a las pretensiones vecinales en materia de indemnizaciones, extremo que el colectivo decidió recurrir.
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