MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
El Gobierno español ha propuesto a la Comisión Europea que no retroceda en las obligaciones medioambientales para las empresas cuando lance el primer paquete ‘ómnibus’ sobre implementación y simplificación para rebajar la burocracia administrativa e incrementar la competitividad de las compañías comunitarias en el mundo.
La Comisión Europea prevé presentar el próximo 26 de febrero una propuesta que simplificará la presentación de informes de sostenibilidad, la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y la taxonomía o clasificación europea de inversiones verdes.
Además, el Ejecutivo pretende facilitar la actividad empresarial a miles de pequeñas entidades empresariales de mediana capitalización. El objetivo será reducir al menos un 25% la carga administrativa para las empresas y al menos un 35% para las pymes.
Sobre este asunto, Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demógráfico, y Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, han enviado una carta a cuatro comisarios europeos, entre ellos Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva en la Comisión Europea.
En ese escrito, dado a conocer este martes, indican que ese primer paquete ‘ómnibus’ de implementación y simplificación “sin duda” contribuirá a que la UE “responda mejor” a las necesidades de las personas y las empresas, ayudará a “fomentar la seguridad económica y construir una economía resistente al cambio climático y competitiva”.
“AMBICIÓN”
No obstante, apuntan que esa propuesta no debe “cuestionar” la “ambición” de “valores europeos clave” y tiene que “garantizar la seguridad y la estabilidad regulatorias”.
“La consecución de nuestros objetivos climáticos y el refuerzo de la agenda verde contribuirán en gran medida a reforzar la competitividad de la Unión Europea, más aún si se combinan con una reducción de la carga administrativa y una simplificación de las normas de la UE”, sentencian Aagesen y Cuerpo.
En este sentido, Aagesen y Cuerpo subrayan que “son esenciales unos requisitos sólidos de información climática”, en particular las obligaciones ambientales a las empresas en virtud de las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad.
Señalan que avanzar hacia los objetivos del Pacto Verde Europeo y el Pacto Industrial Limpio supone invertir cerca de 620.000 millones de euros anuales hasta 2030, sobre todo procedentes de fuentes privadas.
Además, valoran la contribución de la Directiva europea sobre presentación de informes de sostenibilidad corporativa, las Normas Europeas de Presentación de Informes de Sostenibilidad y el Reglamento de Taxonomía para “ayudar a cerrar la brecha de inversión verde”.
“Son esenciales no solo para movilizar estas inversiones, sino también para garantizar que se dirijan a las tecnologías, productos y servicios necesarios para la transición”, recalcan Aagesen y Cuerpo, que sentencian: “Alcanzar nuestros objetivos climáticos y reforzar la agenda verde es esencial para seguir construyendo una Unión Europea más sostenible, resiliente y competitiva”.
TRES NORMAS
Por ello, proponen que, respecto a la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa, se incluya una categoría de información intermedia y simplificada para las pequeñas y medianas empresas, y apoyan un aplazamiento temporal de la presentación de informes. “Creemos que todas las empresas, incluidas las de esta categoría, deberían estar sujetas a la presentación de informes climáticos obligatorios, aunque proporcionados”, destacan.
En cuanto al Reglamento de Taxonomía, indican que se trata de “la piedra angular del marco de finanzas sostenibles de la UE y la nueva agenda debería “reforzar el papel crucial” de esta norma la movilización de flujos de capital hacia la inversión sostenible.
Respecto a la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa, Aagesen y Cuerpo recalcan que esta norma “garantiza la igualdad de condiciones en toda la UE” al reforzar el mercado comunitario y supera la fragmentación regulatoria, por lo que piden “evitar su revisión”.
“Cientos de empresas están logrando avances sustanciales en el cumplimiento de los objetivos climáticos. Eliminar ciertas obligaciones existentes no mejoraría necesariamente nuestra competitividad y, sin embargo, corre el riesgo de enviar una señal peligrosa de retroceso en nuestros valores y ambiciones europeas fundamentales”, concluyen.
- Te recomendamos -
