Los investigados ponían en práctica diferentes conductas para eludir los pagos, como crear sucesivamente sociedades mercantiles a las que transferían la actividad que venía desarrollando la deudora, o entramados empresariales en los que la actividad empresarial aparece en una u otra según convenga
Los agentes han detectado que, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas, las defraudadoras ponían en práctica diversas conductas. Creaban sucesivamente sociedades mercantiles a las que transferían la actividad que venía desarrollando la deudora, o entramados empresariales en los que la actividad empresarial aparece en una u otra según convenga. También se ha detectado la transmisión de la titularidad de los bienes entre empresas o empresarios, impidiendo o dificultando su localización, la ocultación a los organismos competentes de la Administración para eludir el pago de la deuda o la simulación de delitos –robos o hurtos- para distraer los bienes muebles.
De todos los expedientes revisados destacan dos por el “modus operandi” realizado para cometer el presunto fraude. Los agentes detectaron un establecimiento comercial cuyo administrador había dejado sistemáticamente de hacerse cargo de las obligaciones con la Seguridad Social. Cuando la empresa alcanzó una deuda de unos 400.000 euros vendieron las participaciones por “un euro” a otra empresa pantalla, representada por una persona insolvente. Paralelamente crearon una nueva mercantil a nombre de un familiar. Cuando comenzaba a defraudar a la Seguridad Social, ponían al frente de la misma a un nuevo testaferro previo pago de sus servicios.
El administrador actuaba siempre con dinero en efectivo, tanto para el pago de nóminas como de proveedores, sin hacer uso de cuentas bancarias ni permitir el pago con tarjeta evitando así cualquier acción ejecutiva. Además utilizaba diversos ardides jurídicos para ocultar sus propiedades, llegando a falsificar un contrato de alquiler de un local con su propia madre, fallecida cinco años antes. Con esta operativa había conseguido defraudar más de 750.000 euros.
En el otro caso, los responsables de un establecimiento hostelero dejaron de hacerse cargo del pago de las cuotas de sus trabajadores, si bien sí realizaban la deducción de sus nóminas creando un agujero a la Seguridad Social de más de 500.000 euros. Para cometer su actividad delictiva llegaron a simular y denunciar falsamente robos en el establecimiento para distraer de este modo la acción de la Administración.
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