SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)
El PP-A defenderá una proposición no de ley el jueves en el Pleno del Parlamento en la que pide que el Gobierno central impulse medidas para solucionar de manera definitiva la situación de aquellos ayuntamientos en situación de especial dificultad económico-financiera, ya sea por riesgo de sostenibilidad de su deuda o por riesgo financiero, aplicándolas a todas las entidades Locales “sin excepción” y sin “discriminaciones”.
Se pide que esas medidas se adapten a las circunstancias de cada ayuntamiento según un plan individualizado de actuación, “con el compromiso de revisar periódicamente la eficacia de las medidas adoptadas, introduciéndose los ajustes necesarios para garantizar su éxito”.
Se plantea que, en el supuesto de que el Gobierno de España adopte una medida singular que favorezca a un ayuntamiento, de los considerados en riesgo financiero, o de sostenibilidad, se haga “extensible al resto de estas entidades locales para evitar discriminaciones que no se ajustan al principio de igualdad” reconocido en la Constitución.
Así, se considera necesario realizar un seguimiento de estas actuaciones en el seno de la Comisión Nacional de la Administración Local, fijando un marco de colaboración técnica entre el Gobierno de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las entidades locales afectadas, para garantizar la sostenibilidad económica y la adecuada prestación de los servicios públicos.
Otra demanda es que el Gobierno de España adopte cuentas medidas sean necesarias para que los municipios reciban, “lo antes posible y actualizada, su participación en los tributos del estado, imprescindible para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones locales”.
Asimismo, se pide que el Ejecutivo nacional, de manera prioritaria y urgente, impulse y promueva la reforma del actual sistema de financiación local, simultáneamente a la de la financiación autonómica, “desde la multilateralidad negociadora, el respeto a la legalidad vigente” y asegurando la igualdad de todos los españoles en el acceso y financiación de los servicios públicos.
En la iniciativa del PP-A, se pide que el Parlamento andaluz exprese su “disconformidad con que el Gobierno de España beneficie a un territorio con una financiación privilegiada en detrimento injustificable de otros, ya que esto vulnera principios básicos consagrados en la Constitución y en el ordenamiento jurídico y su jurisprudencia consolidada”.
Asimismo, se plantea que la Cámara valora positivamente la labor llevada a cabo por el Gobierno andaluz “en el sentido de haber mejorado la normativa aplicable a los ayuntamientos con dificultades financieras en la ayuda que les viene prestando, y al aumento considerable tanto en la financiación incondicionada como la cuantía de la cooperación municipal”.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el PP-A señala que el pasado mes de diciembre de 2024, el PSOE alcanzó un “acuerdo político, firmado” por la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y nueva secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, para “propiciar una moción de censura en el Ayuntamiento de Jaén, en el cual se establece” la reestructuración de “la deuda municipal, lo que permitirá la flexibilización de los compromisos de pago” que el consisterio mantiene con el Ejecutivo nacional, “así como la dación en pago de bienes municipales como compensación de la deuda existente, la rebaja sustancial de los intereses por la deuda” con el estado, y una carencia “en el pago de la misma”.
Ante ello, según el PP-A, es esencial que la “renovación del modelo de financiación para las comunidades autónomas se extienda asimismo a las entidades locales, de forma que se adopten medidas, de manera urgente y con carácter extraordinario, para los ayuntamientos en riesgo de sostenibilidad o financiero, para evitar que se generen situaciones en las que se llegue a que no puedan ofrecer los servicios esenciales”.
Para el PP-A, el actual Gobierno central “plantea acabar con el régimen común de financiación, consagrado en nuestras leyes orgánicas y en la Constitución como modelo para garantizar la prestación de servicios en condiciones suficientes de igualdad, calidad y solidaridad entre los territorios, optando por negociaciones bilaterales que conducirían una sanidad y una educación asimétrica y otras diferencias en la calidad de los servicios básicos del estado del bienestar en función del territorio”.
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