CÓRDOBA, 15 (EUROPA PRESS)
El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha preguntado al Gobierno de la Nación qué medidas adoptará “para impedir que armas fabricadas por empresas españolas o en España se utilicen por el ejército israelí en la comisión de crímenes internacionales, ya sea genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la paz o de agresión a terceros países”.
Además de ello y mediante el escrito que ha registrado este pasado jueves 13 de febrero en la Mesa del Congreso de los Diputados, al que ha accedido Europa Press, Santiago ha preguntado al Ejecutivo central qué hará para evitar “que lanzacohetes u otros sistemas de armas construidos en territorio español o por empresas españolas puedan acabar en poder de las fuerzas armadas de Israel, incumpliendo así las medidas cautelares adoptadas por la Corte Internacional de Justicia”, para procurar que las mismas se “empleen en la perpetuación del genocidio en Gaza”.
Junto a ello y de forma más concreta, Enrique Santiago ha preguntado al Gobierno de España “qué medidas va a adoptar para impedir que en España o por empresas españolas se utilice la clasificación de ‘armas sometidas a pruebas de combate donde opera el ejército israelí’ que publicita Escribano M&E u otras empresas”.
De esta forma y según ha recogido en la exposición de motivos de su escrito, Santiago se ha referido a como, “desde finales de 2024, funciona a las afueras de la ciudad de Córdoba la fábrica de la compañía armamentística Escribano M&E”, y que dicha compañía es “colaboradora de la empresa israelí Elbit Systems, uno de los mayores fabricantes de armas empleadas en el genocidio que Israel está perpetrando en Palestina”.
De hecho, según recoge Santiago en su pregunta, la citada empresa con instalaciones en Córdoba “cuenta con un acuerdo” con la compañía israelí “para construir lanzacohetes con Sistema Lanzador de Alta Movilidad (Silam)”, resultando que “Escribano M&E publicita en su web que los Silam están constantemente sometidos a pruebas de combate en las condiciones más extremas y duras, en las zonas donde opera el ejército israelí”.
A juicio del diputado de Sumar por Córdoba, “esto no es otra cosa más que una forma de exclamar que son armas y material militar probado en Gaza, Cisjordania, Líbano y Siria, muy probablemente contra población civil” y, según ha resaltado Santiago, “cabe recordar que la Corte Internacional de Justicia ordenó la adopción de varias medidas que incumben a Israel”.
De forma específica, es “una resolución de medidas cautelares de fecha 26 de enero de 2024, ampliada por resoluciones de fecha 28 de marzo y 24 de mayo de 2024, reafirmadas por la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas A/RES/Es-10/24”, y “los estados miembros tienen, al respecto, la obligación jurídica internacional de actuar para prevenir el genocidio en virtud de las leyes internacionales y en virtud del derecho consuetudinario”.
Además, según ha añadido Santiago en su pregunta, “el Tratado sobre el Comercio de Armas hecho en Nueva York el 2 de abril de 2013 faculta a España para detener el envío de armas cuyo destino sea un lugar de conflicto, cuando puedan utilizarse para cometer una violación grave del derecho internacional. Esta prohibición consta igualmente en la Ley 53/2007 española sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, que autoriza a la retención del material militar”.
En base a todo ello, Santiago ha preguntado al Gobierno de la Nación que hará “para impedir que armas fabricadas por empresas españolas o en España se utilicen por el ejército israelí en la comisión de crímenes internacionales, ya sea genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la paz o de agresión a terceros países”.
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