APDH-A ve “desmesuradas penas de prisión” de la Fiscalía, “que van desde 3 años y seis meses hasta 5 años y medio de prisión”
SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
El juzgado de lo Penal correspondiente ha suspendido el juicio previsto para el próximo lunes, contra los 18 activistas por el derecho a la vivienda desalojados en febrero de 2018 tras la ocupación de las viviendas de nueva construcción levantadas en la parcela de la calle Macarena que antaño albergaba el centro “ocupado y autogestionado” Casas Viejas; acusados de un presunto delito continuado de usurpación violenta intentada, supuesto delito de daños, de atentado a agente de la autoridad, de lesiones, de desórdenes públicos por partida doble y de maltrato de obra.
Fuentes próximas al caso han informado a Europa Press que el juicio ha sido suspendido por incidencias en las notificaciones sobre la fecha de su comienzo, con lo que el juzgado habrá de dictar otro señalamiento.
En su escrito de acusación, elevado al Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla, la Fiscalía expone que el 16 de febrero de 2018, los seis primeros acusados, “aprovechando que el aparejador de la obra abrió el portal de acceso a la vivienda casi finalizada ubicada en la calle Macarena 42, a punto de ser entregada a sus propietarios, le propinaron un violento empujón entrando a continuación en el edificio con intención de ocupar las distintas viviendas, causando numerosos desperfectos en el intento de violentar las puertas de acceso”.
“Minutos después, un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que era uno de los propietarios de la vivienda entró en el edificio y subió hasta su terraza, identificándose como policía, lo que motivo que los inculpados comenzaran a golpearle”, según la Fiscalía.
MÁS AGENTES
Después, siempre según la Fiscalía, “hizo acto de presencia una dotación policial compuesta por varios agentes, quienes pese a identificarse como tales fueron violentamente golpeados por los inculpados referidos y ya en el exterior del edificio y también” por otros once inculpado, un menor de edad y “otros individuos no identificados”.
Se trata de un grupo de personas que estaba “concentrado en dicho lugar obstaculizando la calle, todos con actitud violenta y agresiva a la ocupación del edificio, emitiendo proclamas a grandes voces, interrumpiendo el tráfico de personas y vehículos”.
La mañana posterior a la ocupación, la Policía Nacional desplegó un dispositivo para el desalojo que, según informaban a Europa Press fuentes policiales, fue plenamente consumado.
QUIÉN “ALECCIONABA” AL GRUPO
La Fiscalía agrega que “el grupo era aleccionado en lo relativo a las agresiones a los agentes por un inculpado súbdito argelino de ignorada situación en España y sin antecedentes penales”, explicando que “como consecuencia de lo violento de su acción, los inculpados provocaron desperfectos en un vehículo allí estacionado”, ocasionando lesiones o golpes a varios agentes y a dos personas de la obra del edificio.
Cabe recordar que las viviendas ocupadas, todas ellas de renta libre, habían sido construidas en la parcela de la calle Macarena que otrora acogiese el centro ocupa Casas Viejas, icono del movimiento ocupa de Sevilla y desalojado allá por 2007.
Según APDH-A, estos activistas protagonizaban “una acción para mostrar su solidaridad con las personas sin hogar de la ciudad, demandando una solución habitacional” para ellas.
Para APDH-A, “las desmesuradas penas de prisión que se están solicitando, que van desde 3 años y seis meses hasta 5 años y medio de prisión, demuestran que el principal objetivo de este proceso judicial es la criminalización de la legítima protesta social”.
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