SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
Andalucía es la segunda comunidad que más porcentaje de su PIB destina a la financiación del sistema público universitario, con una tasa del 0,86%, según las estadísticas del INE y del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades analizadas por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y relativas a 2022, que es el último dato del que se dispone.
De acuerdo con esa información, la región andaluza se sitúa en segundo lugar en cuanto al peso que adquieren los fondos invertidos en educación superior universitaria en relación con el presupuesto general con el que contó la comunidad en ese periodo, según ha detallado la Consejería competente en una nota de prensa.
Así, el secretario general de Universidades de la Consejería, Ramón Herrera, que ha lamentado que las “exigencias sobrevenidas” impuestas por el Ministerio de Ciencia para justificar el ‘programa María Goyri’ en 2024 “hacen imposible” su cumplimiento. Esta medida tiene como finalidad “financiar la incorporación de profesorado ayudante doctor a los campus españoles”.
Según las estadísticas que ponen en relación las transferencias de fondos públicos realizadas a las universidades con el PIB, Andalucía se encuentra junto a Castilla La Mancha, liderando la clasificación a cierta distancia del conjunto de regiones, que arrojan un promedio del 0,55%.
En ese ejercicio 2022, el Ejecutivo autonómico dedicó mediante transferencias de financiación al sistema público universitario un montante de 1.585,24 millones de euros. El modelo de financiación aplicado por la Consejería ha ido “incrementando progresivamente” esos recursos en los años sucesivos, alcanzando los 1.641,8 millones en 2023, los 1.708 millones en 2024 y los 1.726,4 millones en este año 2025.
“El nuevo modelo ha logrado dar certidumbre y estabilidad financiera al conjunto de las diez universidades públicas, aportando cada año cifras de récord para sufragar su funcionamiento, así como su actividad académica, investigadora y de innovación y transferencia del conocimiento”, ha subrayado Herrera, quien ha incidido en que “con los fondos destinados se da cumplimiento a todo lo acordado con las instituciones académicas”.
Además, ha añadido que, teniendo en cuenta este 2025 el sistema contará con “la mayor financiación de su historia, al margen de las partidas adicionales que el Ejecutivo autonómico pondrá a disposición de las universidades y que permitirán aumentar esa dotación, como ha venido ocurriendo en estos últimos años”.
En cuanto a la estadística que mide el esfuerzo de financiación universitaria en relación con el presupuesto general de la comunidad, Andalucía ocupa en 2022 el segundo puesto, con un porcentaje del 4,45%, por detrás de la Comunidad de Madrid, que arroja una tasa del 5,20%, y a más de un punto de diferencia con respecto al promedio que se obtiene en el conjunto nacional, que se cuantifica en un 3,31%.
INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ‘MARÍA GOYRI’
Por otro lado, el secretario general de Universidades ha denunciado que los requisitos establecidos por el Ministerio de Ciencia para dar cumplimiento en 2024 al programa ‘María Goyri’ harán imposible que “las universidades públicas y las comunidades puedan justificar las plazas de profesorado ayudante doctor comprometidas en los convenios firmados”.
El acuerdo rubricado con la Consejería, el pasado 20 de noviembre, crea para las nueve universidades públicas andaluzas un total de 468 plazas de esa figura contractual con cargo a fondos estatales por un periodo de seis años, estableciéndose para el año 2024 una cuantía de 6,52 millones de euros. Ese importe se traducirá en unos 21 millones de euros anuales a partir de 2025.
Asimismo, Herrera ha explicado que “la exigencia temporal marcada por el Gobierno central para convocar, resolver y contratar las plazas de ayudante doctor acogidas al programa, así como para justificar los gastos derivados de dicha contratación son inasumibles e imposibles de cumplir para 2024”.
En el caso de Andalucía, el plazo se extendía desde el 20 de noviembre, fecha de la firma del convenio, hasta el 31 de diciembre. “Como consecuencia de la mala planificación realizada por el Ministerio, la comunidad se vio obligada a firmar el convenio demasiado tarde, lo que prácticamente impedía su efectivo cumplimiento, ya que es imposible cubrir esos puestos en diciembre, aun cuando se hubiera aplicado un procedimiento exprés”, ha aseverado.
A juicio de Herrera, todo ello hace que el gasto estatal para esta medida en 2024 pase de los 6,52 millones comprometidos a “cero euros”, señalando que en 2025 “los 21 millones acordados tampoco se ejecutarán en su totalidad”.
- Te recomendamos -
