MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
Foment del Treball, Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) y el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia alertaron este jueves del “precedente peligroso” que supone la compra de Casa Orsola por parte del Ayuntamiento de Barcelona y reivindicaron la necesidad de respetar la propiedad privada, la aplicación de las leyes y el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
“Hay que evitar que se instale el relato de que si un propietario no cede a ciertas exigencias populistas la Administración acaba interviniendo”, aseguraron las tres asociaciones en un comunicado en el que lamentan las palabras del primer edil de la ciudad, Jaume Collboni, en las que afirmó que Casa Orsola es un “edificio singular” y que por ello el Ayuntamiento había decidido comprarlo.
“Esto contradice el principio de objetividad y servicio a los intereses generales que debería regir la actuación de toda administración pública”, manifestaron los tres organismos, quienes también lamentaron el uso de recursos públicos para “beneficiar a un grupo determinado de ciudadanos” en detrimento de muchos otros que se encuentran en situaciones “iguales o peores”.
En el comunicado se indica que esta “discrecionalidad”, que “probablemente traspase el umbral de la arbitrariedad”, genera un “agravio comparativo inadmisible” y denunciaron que tomando esta decisión “no se han respetado los principios de eficiencia y economía”.
Asimismo, alegaron que con el dinero invertido para comprar la Casa Orsola, que dispone de 26 viviendas, se habrían podido construir 50 viviendas de protección oficial. “Se ha pagado un 50% más de la cantidad por la que el anterior consistorio hubiera podido adquirirla haciendo uso del derecho de tanteo y retracto del que disponía”, recordaron.
También insistieron en que este caso “ha puesto en evidencia” una “manipulación” del concepto de vulnerabilidad para justificar una decisión política. Los autores del comunicado consideran “especialmente grave” este intento de redefinir la vulnerabilidad “a conveniencia”, ya que esto perjudica a las personas que realmente la padecen, miles de familias que no tienen acceso a una vivienda digna y que se encuentran en situaciones de exclusión severa.
“Cuando se fuerza la inclusión en esta categoría de colectivos que no cumplen los criterios reales de necesidad social, se debilita al sistema y se convierte la vulnerabilidad en un concepto vacío”, advirtieron.
INSEGURIDAD JURÍDICA
Asimismo, lamentaron que lo sucedido con la Casa Orsola “pone en cuestión garantías constitucionales” y abre la puerta a nuevas injerencias políticas en operaciones privadas, creando una incertidumbre jurídica “inaceptable”.
“La defensa de la propiedad privada y el cumplimiento de las leyes no sólo es una cuestión económica, sino una garantía fundamental para el buen funcionamiento de nuestra sociedad”, aseguraron en el comunicado, en el que también afirmaron que cuando las normas dejan de aplicarse y se impone la injerencia política, el resultado es la fuga de inversión y una oferta cada vez más restringida.
Por último, aseguraron que Barcelona y Cataluña necesitan políticas de vivienda “rigurosas y equitativas” y no “operaciones mediáticas” que “degradan la confianza en las instituciones y distorsionan el mercado”.
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