‘No es terapia’ prevé registrar el martes 18 de febrero la propuesta en el Congreso, con el apoyo de Sumar, BNG, ERC y Podemos
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Asociación ‘No es terapia’ ha pedido una ley para “castigar” de uno a cuatro años de cárcel la práctica de “terapias de conversión” para personas LGTBI+ y garantizar la protección de las víctimas.
Según la propuesta de la asociación, a la que ha tenido acceso Europa Press, pide añadir al artículo 175 del Código Penal que la persona que practique Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG) sobre otra persona sea castigada con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses.
También pide castigar con la misma pena “a quienes remitan a una persona a que un tercero le practique ECOSIEG, la fuercen a recibir estas prácticas o consientan la práctica de ECOSIEG en un entorno bajo su supervisión”. En el caso de que esta conductas se cometan contra menores de edad o contra personas “especialmente vulnerables”, insta a que se imponga “la pena superior en grado”.
En este sentido, según se desprende de la propuesta de proposición de ley de la asociación, las “terapias de conversión” no incluyen las prácticas y cualquier otro tipo de asesoramiento o acompañamiento que no pretenda “modificar, forzar, anular, o suprimir la orientación sexual, la identidad sexual y/o de género, o la expresión de género”.
En cuanto al consentimiento de una víctima de ECOSIEG, o de sus representantes legales, esta quiere que sea “irrelevante” para la responsabilidad criminal de dicha conducta.
En el caso de que las víctimas de las “terapias de conversión” careciesen en el año anterior al de la solicitud de rentas superiores, en cómputo anual, al salario mínimo interprofesional, quiere que reciban una ayuda económica equivalente a seis meses de subsidio por desempleo.
Igualmente, si la víctima tiene personas a cargo, su importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de dieciocho meses de subsidio, o de veinticuatro meses si esta o alguno de los familiares convivientes tiene reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33%.
Por otro lado, solicita que las administraciones públicas promuevan el acceso prioritario de las víctimas y denunciantes al parque público de vivienda y a los programas de ayuda de acceso a la vivienda.
En la propuesta, ‘No es terapia’ también insta a los poderes públicos a realizar estudios y encuestas sobre la situación de las personas LGTBI. El objetivo es “profundizar en la naturaleza y el alcance de las principales situaciones de discriminación que les afectan y registrar su evolución a lo largo del tiempo”.
En esta misma línea, pide aprobar y desarrollar “protocolos y buenas prácticas” que “faciliten la identificación temprana y garanticen la protección de las personas que puedan estar siendo sometidas a ECOSIEG o a otro tipo de violencia específica que sufren las personas LGTBI”.
INFRACCIONES MUY GRAVES DE HASTA 150.000 EUROS
Respecto a las infracciones, propone que las muy graves sean sancionadas con multa de 10.001 a 150.000 euros. Entre estas, se encuentra la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública por un período de hasta tres años y el cese en la actividad económica o profesional desarrollada por la persona infractora por un término máximo de tres años.
La Asociación prevé registrar el martes 18 de febrero la propuesta de proposición de ley en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de Sumar, BNG, ERC y Podemos. “Este es un paso histórico para acabar con la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas. Hasta la fecha, a pesar de llevar casi diez años prohibidas en España las terapias de conversión a personas LGTBI, no se ha investigado ni sancionado a ninguna de todas las organizaciones que No Es Terapia documenta y denuncia. La Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI no fue capaz de corregir esto, sino que ha contribuido a la impunidad”, ha asegurado.
La Asociación Española contra las Terapias de Conversión ‘No es terapia’, denunció en enero que en siete diócesis españolas se estaban impartiendo cursos de conversión sexual para personas LGTBI+.
Por su parte, el Ministerio de Igualdad trabaja en un informe para valorar modificar el Código Penal y convertir las terapias de conversión en delito. Así lo indicó en enero después de un encuentro entre la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el presidente de la de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.
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