Avisa así de que es “inviable” uno de más de 400 plazas en Salamanca y critica que el Ejecutivo “actúa por imposición” en esta materia
VALLADOLID, 13 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, ha recordado al Gobierno de que Castilla y León cuenta con una orden que limita a 120 las plazas por centro de acogida de migrantes, por lo que es “inviable” que se instale uno de más de 400 en la ciudad de Salamanca.
Así lo ha manifestado Blanco en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves, 13 de febrero, al ser cuestionada por la implantación, por parte del Ejecutivo central, de un posible Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de más de cuatro centenares de plazas en la residencia de mayores de San Juan de Sahagún.
La consejera ha afirmado que la Junta no tiene “conocimiento oficial” sobre la puesta en marcha de este centro y de que se ha enterado de las “intenciones” del Gobierno a través de los medios de comunicación.
En este sentido, ha subrayado que ante la “imposición” y falta de “negociación” y “comunicación” del Gobierno de España en materia migratoria, la Consejería de Familia dictó una orden por la que se establecen los requisitos mínimos y específicos de autorización de los centros para personas en situación de vulnerabilidad.
Esta orden, que se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el pasado 7 de noviembre de 2024, afecta a los centros en los que se acogen migrantes y limita a 120 las plazas por centro, ha recordado Blanco, para incidir en que con ello se pretende atender “a todas las personas con dignidad” y “calidad”.
De este modo, ha advertido de que con esta normativa sería “inviable” abrir un centro con más de 400 migrantes en Salamanca y, desde la Junta se ha destacado, además, que de haber estado vigente esta orden no se habría dado la situación que se produjo cuando se abrió el balneario de Medina del Campo (Valladolid) para alojar a centenares de migrantes en octubre de 2023.
La orden también pone de manifiesto, ha apuntado la consejera, que los municipios donde vayan estas personas tienen que tener los servicios sociales que tienen que tener los CEAS para, por ejemplo, “facilitar su integración social”, así como señala que “tienen que tener un centro de salud para facilitar la asistencia sanitaria”.
De este modo, Blanco ha informado de que el pasado miércoles, 12 de febrero, envió una carta al Gobierno, en concreto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para comunicarle los requisitos de esta orden, ya que “pueden entender el desconocimiento” del Ejecutivo central sobre las “distintas normas autonómicas” en la materia.
En este contexto, ha reivindicado que Castilla y León es “solidaria” y quiere lo “mejora para las personas vulnerables”, lo que supone “unos cuidados de dignidad”, así como quiere que las “cosas se hablen, se comuniquen y se debatan dentro de los órganos” pertinentes”.
Sin embargo, ha lamentado, el Gobierno de España “siempre actúa igual”, por “imposición y concesiones a sus socios también en esta materia”. “El Gobierno se tiene que adaptar a la normativa de las comunidades autónomas dentro de las competencias que tienen, que es lo mismo que le está diciendo el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias”, ha concluido Blanco.
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