MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
Geoalcali, promotora del proyecto Mina Muga, ha anunciado la presentación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectará a su plantilla de aproximadamente 30 trabajadores.
Según afirmó, la medida, que se aplicará del 1 al 31 de marzo, responde “a la inseguridad jurídica generada tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) de Septiembre de 2024, que pedía que el Miteco fuera quien firmara este permiso en lugar del Gobierno de Navarra”. La empresa ha comunicado a sus trabajadores que este miércoles se iniciará el periodo de consultas para negociar el ERTE.
Indicó que, más allá del impacto directo en la plantilla, la paralización de Mina Muga tiene implicaciones económicas y sociales de gran magnitud. Según datos de Geoalcali, la pérdida de oportunidad derivada del bloqueo del proyecto asciende a unos 3.800 millones de euros en pagos a proveedores y 1.246 millones de euros en ingresos fiscales.
El proyecto, que había obtenido más de 42 permisos favorables y había superado más de 14 trámites de información pública, se encuentra en una situación crítica “debido a la incertidumbre regulatoria. Tanto es así que, en una entrevista reciente a Servimedia, el Secretario de Estado de Transición Energética, Hugo Morán, admitió que a pesar de haberse ‘concluido el procedimiento de evaluación ambiental’ de Mina Muga satisfactoriamente, ‘en el momento en que se judicializa un procedimiento, resulta temerario anticipar qué se puede hacer o dejar de hacer'”.
Ante este escenario de inseguridad jurídica, Geoalcali ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) una reunión urgente y una solución administrativa que permita superar el bloqueo y continuar con el desarrollo de la mina.
La compañía insiste en que Mina Muga podría generar hasta 7.000 empleos directos e indirectos durante su construcción y explotación, reforzando su papel como un proyecto estratégico para la economía de la región.
“La paralización definitiva también afectaría a la cadena de suministro y a las economías locales de Navarra y Aragón, donde se desarrolla la mina. La falta de seguridad jurídica ha generado inquietud entre los inversores asiáticos que comprometieron una financiación de 500 millones de euros, condicionada a la resolución del conflicto antes del 31 de marzo”, señaló.
El pasado lunes, el CEO de Geoalcali, Ignacio Salazar, y su consejero, Sixto Jiménez, se reunieron con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y el consejero de Industria y Transición Ecológica, Mikel Irujo. En el encuentro, la empresa trasladó su preocupación por el futuro del proyecto y la urgencia de encontrar una solución administrativa que garantice su viabilidad.
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