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Col·lectiu Ronda afirma que cualquier empleado pudo acceder a “información sensible” de otros
BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)
La sección sindical de CGT Bus ha señalado en una rueda de prensa celebrada este martes en la sede del Col·lectiu Ronda en Barcelona que la brecha de seguridad en la intranet de TMB que ha dejado expuesta información confidencial de trabajadores duró “meses”.
Así lo ha manifestado Juan Ramírez, conductor de autobuses jubilado parcialmente y representante de CGT en TMB, que ha asegurado que “se ha dado un claro caso flagrante de exposición de datos privados durante un periodo de meses que puede tener consecuencias para los trabajadores”.
Ramírez ha señalado que, pese a que la empresa sostiene que la exposición ha podido afectar a solo 68 de los más de 8.000 trabajadores, les consta que “no a todo el mundo le ha llegado la carta o la comunicación por parte de la empresa”, que desde el momento en el que tuvo conocimiento de estos hechos estaba obligada a informar a los afectados en un plazo máximo de 72 horas.
“INFORMACIÓN SENSIBLE”
La abogada del Col·lectiu Ronda, Ana Abrain, ha añadido que la brecha de seguridad podría haber vulnerado el derecho a la intimidad de los empleados, recogido en el artículo 18.4 de la Constitución española, pues dejó al descubierto “información sensible” a la que cualquier trabajador pudo acceder, en sus palabras textuales.
Sostiene que pudieron quedar expuestos “informes médicos, denuncias hechas al canal ético y correos electrónicos sobre información personal de trabajadores, como denuncias de acoso”.
También escritos de abogados en procedimientos judiciales que trabajadores de TMB habían iniciado contra la empresa, por lo que considera que, además de haberse vulnerado el derecho a la intimidad de los trabajadores, de forma indirecta se pudo vulnerar también el derecho a la tutela judicial efectiva, pues la información expuesta podría usarse en procesos judiciales futuros o que están en curso.
Desde CGT han asegurado que al tener conocimiento de estos hechos, se puso en conocimiento de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, la Oficina Antifrau de Catalunya, Inspecció de Treball y Mossos d’Esquadra y que se comunicó de inmediato a la persona responsable de la empresa que estaba de guardia en ese momento.
El delegado del comité de empresa de TMB, Joaquín Gil, ha lamentado que si no se hubiese descubierto esta situación, los datos seguirían expuestos y ha calificado la situación como “muy grave”.
Tanto Ramírez como Gil han lamentado que no haya habido todavía una comunicación formal por parte de la dirección de TMB al comité de empresa para confirmar el número de posibles afectados y aseguran que la información de la que disponen es gracias a la prensa.
Desde CGT han aclarado que el propósito de la rueda de prensa es el de evidenciar que la dirección de la empresa no ha hecho bien su trabajo y evitar las posibles represalias que puedan sufrir por señalar estos hechos: “No estamos en ninguna negociación de convenio, ni de conflicto laboral, lo hacemos porque hacemos una actividad sindical de defensa de nuestros trabajadores y trabajadoras y esto se debe corregir: la intención es la de corregir”.
Para ello han creado un correo que estará a disposición de toda la plantilla de TMB con el objetivo de asesorar y acompañar a los trabajadores que crean que han podido estar afectados por esta brecha de seguridad: contacto@cgtbus.es.
68 AFECTADOS
Fuentes de TMB explicaron este martes a Europa Press que fue el 23 de enero cuando detectaron que “había una carpeta que tendría que ser privada y estaba abierta” pero que, de forma inmediata, en sus palabras textuales, se cerró, se puso en conocimiento de las autoridades competentes y se abrió una investigación interna.
La investigación, que todavía está en marcha, servirá para esclarecer si alguien accedió a esta información confidencial y a evitar que vuelva a suceder en el futuro; de hecho, TMB ha confirmado de que está trabajando en un nuevo procedimiento para “minimizar el riesgo de errores y garantizar la privacidad”.
La empresa sostiene que hay 68 personas que podrían estar afectadas por la filtración de datos –sin que se haya concluido si alguien consultó estos documentos– y aseguran que ya han sido informadas y que el delegado de protección de datos se ha puesto a su disposición.
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