Subraya la inexistencia de un contrato programa y de un registro único BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha criticado “importantes deficiencias” en la gestión de vivienda social en un informe sobre la actividad de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, empresa dependiente de la Generalitat, durante el anterior gobierno de la Generalitat.
El órgano fiscalizador ha emitido este miércoles el informe 30/2024, consultado por Europa Press, relativo al parque de vivienda de la Agència de l’Habitatge de Catalunya correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022.
Subraya la inexistencia de un contrato programa “como documento e instrumento fundamental de gestión de la Agencia y, en concreto, de gestión del parque de viviendas que administra”, como tampoco hay un Plan anual de actividades, previsto en los estatutos de la Agencia.
Los indicadores incluidos en la Memoria del programa presupuestario “presentan importantes deficiencias” lo que, unido a la falta de seguimiento y supervisión, restan valor a la Memoria y pone de manifiesto que la Agencia no usa los indicadores como herramienta de control de la gestión de su parque de viviendas, textualmente.
Para los ejercicios 2021 y 2022, el Registro de solicitantes de vivienda de protección oficial presentaba una media de solicitudes cercana a los 85.600 inscritos y se adjudicó una media anual de 3.450 viviendas.
“Por tanto, solo se pudo cubrir un 4% anual de las solicitudes inscritas en el Registro. Este porcentaje tan bajo responde al grave desajuste entre la demanda de vivienda social, creciente con la crisis y la oferta de los parques de vivienda de las administraciones públicas y de las promociones públicas o privadas de vivienda de protección oficial”, indica la Sindicatura.
Echa en falta un registro único de viviendas disponibles y afirma que la Agencia “tiene que priorizar los casos de emergencia que se gestionan mediante la Mesa de valoración de situaciones de emergencias económicas y sociales de Catalunya”.
En el período 2019-2022, de los 1.253 expedientes resueltos favorablemente, se entregó una media anual de 655 viviendas, lo que supone un 52,27% de las resoluciones favorables.
El informe alude al incremento en esos dos años del número de viviendas que administra la Agencia, un 2,06% y un 3,30% respectivamente: Se pasó de 20.750 viviendas a 31 de diciembre de 2020, a 21.177 a finales de 2021 y a 21.875 a finales de 2022.
“Este incremento se concentra en viviendas procedentes del ejercicio del derecho de tanteo y retracto y de la cesión de viviendas de titularidad privada, básicamente de entidades financieras y particulares. Las viviendas procedentes de Incasòl y del traspaso de viviendas del Estado no presentan ningún incremento desde hace bastantes ejercicios”, afirma.
Constata que los costes por vivienda varían mucho según la procedencia de las viviendas, aunque el plazo de entrega de las viviendas disponibles “es razonable”.
RECOMENDACIONES
Por todo ello, la Sindicatura recomienda elaborar el contrato-programa y un documento de planificación y hacer una correcta elaboración y un seguimiento de los datos previstos y reales de la Memoria del programa presupuestario para “definir objetivos realistas”.
También sugiere homogeneizar los procedimientos de los distintos registros municipales de solicitantes de viviendas, mejorar la coordinación entre la Agencia y los Municipios con Mesa de emergencia propia implantar controles de seguimiento de la actividad y ampliar los existentes, e incluir indicadores de costes y plazos.
ALEGACIONES
En sus alegaciones, presentadas en diciembre de 2024, el Govern de Salvador Illa, admite que no se ha formalizado el contrato programa entre la Conselleria de Territorio y la Agencia y, por tanto, no se ha aprobado el Plan de actividades, pero afirma que el “Consejo de Administración de la Agencia aprueba anualmente el presupuesto de esta entidad, donde se recogen las distintas líneas de actuaciones de la Agencia, por capítulos y programas”.
“La nueva Dirección de la Agencia de la Vivienda valorará conjuntamente con las personas responsables del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, las posibilidades y recursos para desarrollar un contrato programa como una herramienta estratégica de planificación, coordinación y financiación donde se determinarán objetivos y los indicadores para evaluarlos”, afirman.
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