SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha pedido este miércoles al PSOE-A que deje ya el “fango” y acepte que “pincha en hueso” después de que el nuevo titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, José Antonio Gómez Díez, donde está el caso de los contratos de emergencia del SAS, haya rechazado, al igual que el anterior titular, la nueva ampliación de querella planteada por el Grupo Socialista.
Ese juez ha dicho que el PSOE-A no aporta “indicio alguno” de “directrices de los servicios centrales”, según ha expuesto Sanz durante una comparecencia en comisión del Parlamento. El PSOE-A había pedido la comparecencia del consejero sobre “los informes de la Intervención delegada de la Consejería de Presidencia durante los años 2022, 2023 y 2024”, si bien el debate ha derivado en el asunto de los contratos de emergencia del SAS, que el Grupo Socialista ha denunciado en los tribunales por considerar que es un claro caso de “corrupción” sanitaria.
El consejero ha manifestado que el “fango” y la “corrupción” que el PSOE-A trata de trasladar ya “no cuela” en Andalucía porque eso es “una etapa pasada”. “Ni cuela en el Parlamento ni cuela en ningún juzgado”, ha indicado Sanz, apuntando que un nuevo juez ha rechazado “abrir una causa general en las provincias por los contratos sanitarios”.
“Ustedes creen que siempre tiene que haber corrupción, porque eso es lo que ocurre cuando gobierna el PSOE”, ha dicho Sanz a los socialistas, y ha manifestado que el nuevo juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha venido a constatar “que estamos ante un proceso inquisitorial sin indicio alguno” y que “no se puede hacer una revisión general como pretende el PSOE”.
Ha criticado que el PSOE-A sólo venga al Parlamento a montar el “show” y le ha advertido de que “pinchan en hueso” si pretenden que haya algún caso de “corrupción” con el Gobierno de Juanma Moreno.
Sobre los cambios en la Intervención de la Junta, Sanz ha defendido que “se producen dentro de un proceso normal de reorganización de equipo”. Ha señalado que desde el año 2015 y hasta 2024 se han producido “473 cambios sólo en puestos organizativos de máximo nivel dentro de la Intervención General”, esto es, una “media de entre 70 y 80 cambios anuales”, también durante los años de gobierno del PSOE-A.
Por su parte, el diputado del PSOE-A Mario Jiménez ha manifestado que en estos seis años del Gobierno del PP-A “hay gran caso de corrupción sanitaria” y Juanma Moreno es un presidente “manchado por la corrupción”, en referencia a los contratos de emergencia del SAS. Ha denunciado que la Junta ha respondido a ese hecho “de la peor manera posible, no con la vía andaluza, sino con la vía siciliana, una omertá y una limpieza”, en referencia a los ceses de la anterior interventora general, María Antonia González, y de cuatro interventores de áreas.
Ha exigido la “dimisión inmediata” de la viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez, porque “diseñó el procedimiento y la trama por la cual se decidió que los fondos públicos de la Junta no se sometieran a control financiero ni al control de la Ley de contratos del sector público, sino que se hiciera un abuso sistemático de la contratación de emergencias, se obviaran las advertencias de los interventores delegados e incluso se obviaran las advertencias que se habían producido mediante un informe de actuación, donde se ponía en evidencia el posible quebranto de los fondos públicos, que en los distintos órganos de contratación del Servicio Andaluz de Salud, se estaban haciendo”.
“¿Se van a personar en la causa la Junta de Andalucía en defensa de los 300 millones de euros que están en cuestión en estos momentos?”, ha preguntado Mario Jiménez al consejero.
Sanz le ha replicado que la Junta, “siempre que se trata de defender los intereses de los andaluces, actúa en consecuencia”, pero tiene que haber un momento procesal que “usted no ha debido entender o no ha debido conocer o no le ha interesado, es decir, que es el ofrecimiento de actuaciones a las partes y, en ese sentido, eso no ha ocurrido, porque estamos en un momento muy previo todavía”.
INFORMES DE LA INTERVENCIÓN SOBRE CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
En cuanto al objeto de la comparecencia, Sanz ha destacado los informes “favorables” de la Intervención sobre la gestión del gasto de su consejería durante los años de 2022 a 2024.
Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, Sanz ha explicado que dicho informes sobre la gestión económica del gasto han sido realizados por la Intervención delegada de la consejería, de conformidad con las instrucciones que recibe de la Intervención General.
Ha añadido que la Intervención delegada aprueba, en el primer mes de cada ejercicio, un plan de control comprensivo de las citadas actuaciones. Dentro del procedimiento establecido de control, los informes de la Intervención delegada no son remitidos a la Consejería de análisis, sino a la Intervención General”.
“La Intervención delegada dice textualmente que se ha cumplido con la normativa que es de aplicación, no observándose incumplimientos de especial relevancia”, ha expuesto Sanz, quien ha añadido que se ha realizado también un control de comprobación material de las subvenciones con un “resultado favorable de cumplimiento” y las recomendaciones emitidas por la Intervención son trasladadas a los centros directivos para su consideración en futuras convocatorias.
En lo relativo a los gastos de personal, ha explicado que se han recibido informes sobre fiscalización de las nóminas en los años 2023 y 2024 relativos a los años anteriores. “En dichos informes se identifican errores puntuales cometidos en el abono de éstas debido a determinadas circunstancias, como fin de la relación laboral antes de tiempo o fallecimiento del titular”, según ha explicado el consejero, que ha agregado que “han afectado únicamente a 13 abonos en los dos años y que ya han sido convenientemente subsanados”.
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