MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
La Comisión Europea envió este miércoles un dictamen motivado a España y otros siete países comunitarios (Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Francia, Italia, Países Bajos y Suecia) para que transpongan las normas de la UE que aceleran los procedimientos de autorización para proyectos de energía renovable.
La Directiva 2023/2413, sobre promoción de la energía procedente de fuentes renovables, modifica la Directiva 2018/2001, sobre energías renovables, y establece nuevas normas para simplificar y acortar los procedimientos de concesión de permisos tanto para los proyectos de energías renovables como para los de infraestructuras necesarios para integrar la capacidad adicional en el sistema eléctrico.
Incluye plazos claros para los procedimientos de concesión de permisos destinados a tecnologías o tipos de proyectos específicos.
Además, introduce la presunción de que los proyectos de energías renovables, el almacenamiento y la infraestructura de red relacionada son de interés público superior.
También existe la obligación de que los países de la UE diseñen “áreas de aceleración de las energías renovables” en las que los proyectos puedan beneficiarse de plazos más cortos para la concesión de permisos, dado el bajo impacto ambiental.
La fecha límite para transponer estas disposiciones a los ordenamientos jurídicos nacionales fue el 1 de julio de 2024.
En septiembre de 2024, la Comisión Europea envió cartas de emplazamiento a 26 Estados miembro de la UE por no haber transpuesto plenamente la Directiva a sus ordenamientos jurídicos.
Tras examinar las respuestas de los ocho países, la Comisión ha decidido enviar dictámenes motivados a Chipre, Eslovaquia, España, Italia y Suecia por no haber notificado las medidas de transposición, y a Bulgaria, Francia y Países Bajos por no haber facilitado información suficientemente clara y precisa sobre la forma en que sus medidas de transposición transponen cada una de las disposiciones de la Directiva.
Esos ocho países disponen ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión Europa podría decidir llevar los asuntos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
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