MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
El Partido Popular y Sumar pueden articular una mayoría alternativa a la del Gobierno de Pedro Sánchez en la Mesa del Congreso y levantar el previsible veto presupuestario del Ministerio de Hacienda a sus proposiciones de ley para eximir el salario mínimo interprofesional (SMI) del pago del IRPF.
Durante toda la legislatura, PSOE y Sumar han impuesto su mayoría en el órgano de dirección del Congreso para vetar varias de las iniciativas del PP. Sin embargo, los partidos dirigidos por Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz han encontrado un punto de acuerdo frente al ala socialista del Gobierno de Pedro Sánchez y, si así lo acuerdan, pueden levantar el veto presupuestario, como confirmaron fuentes jurídicas de la Cámara Baja a Servimedia.
Los populares creen, además, que la doctrina constitucional está de su lado. El PSOE contempla la posibilidad de que el asunto termine en el Tribunal Constitucional si Sumar se mantiene en sus trece. Pero fuentes parlamentarias del PP señalan que el tribunal de garantías determinó en su sentencia 132/2023 que los vetos de Hacienda no pueden ejercerse sobre medidas que afecten a presupuestos futuros, en este caso, el de 2025. Sí pueden presentarse, sin embargo, cuando afecte a las cuentas públicas en curso, que es a lo que el PSOE se agarra por la nueva prórroga de los Presupuestos de 2023.
El debate jurídico, sin embargo, está aún muy lejos de producirse, ya que el ala socialista del Gobierno tiene a su alcance varias medidas para retrasar su tramitación en la Mesa, empezando por los 30 días que tiene para manifestar su disconformidad con las proposiciones de PP, Sumar y Podemos por afectar, a su juicio, a su previsión de ingresos y gastos de las cuentas públicas en curso.
El debate político, en cambio, sí está abierto. Díaz aseguró que la decisión de Hacienda de hacer tributar al SMI les pilló por sorpresa y aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se enteró “por los medios de comunicación”. Sumar defiende la “justa exención” del IRPF en el SMI y Díaz lo ratificó ante la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. La también ministra de Educación le susurró a la líder de Sumar que “eso no es así” tras escuchar su exposición ante los medios, escenificando así su choque en esta materia.
¿CONFLICTO DE ATRIBUCIONES?
Ha pasado un día y las posturas siguen enrocadas. Fuentes gubernamentales próximas a los socialistas señalan que no van a “rectificar”. “Hay disparidad de criterios y lo entendemos, pero también tienen que ser conscientes de que Hacienda tiene la última palabra sobre este asunto”, insistieron. Mientras tanto, desde Sumar aseguran que habrá diálogo con la vicepresidenta Montero para buscar “una solución”. La parte socialista del Gobierno incide en “hacer pedagogía fiscal”.
La realidad es que el PSOE se ha quedado solo con esta medida, ya que existe una mayoría holgada que defiende la exención fiscal del SMI, desde Bildu hasta Vox. Ayer, PP, Sumar y Podemos presentaron proposiciones de ley paralelas para revertir la decisión del PSOE. Las propuestas tienen que ser analizadas en la Mesa del Congreso y aquí es donde se podría originar un conflicto de atribuciones que podría terminar en el Tribunal Constitucional.
Para ello, es necesario que PP y Sumar se pongan de acuerdo para tramitar sus respectivas iniciativas. Desde Génova aseguran que aún es “pronto” para entablar negociaciones y prefieren dilatar el asunto lo máximo posible para que el Ejecutivo de Sánchez “se cueza él solo”. Pero las mismas fuentes se abren a llegar a un acuerdo con Sumar porque sería “una fantasía” que una parte del Gobierno vetase una iniciativa de la otra. En ese caso, podrían aliarse para levantar el veto. Y el Ejecutivo tendría entonces la posibilidad de elevar el asunto al TC.
Existen dos precedentes de un conflicto institucional entre el Gobierno y la Mesa del Congreso, ambos en 2018 con Mariano Rajoy en La Moncloa. El Constitucional dio la razón a la Cámara Baja en ambos casos porque consideraba que el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro no justificó adecuadamente el impacto que tendría sobre su previsión de ingresos y gastos en los presupuestos en curso dos proposiciones del PSOE. Los socialistas querían suspender el calendario de implantación de la reforma educativa de la Lomce y “garantizar la igualdad en las condiciones laborales” de los trabajadores subcontratados.
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