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El Gobierno solicita al CES un informe urgente sobre el anteproyecto de Ley de administradores de créditos

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MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, no más tarde del día 20 de febrero de 2025, sobre el anteproyecto de Ley de administradores y compradores de créditos.

La norma implica la modificación de la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, la Ley de contratos de crédito al consumo, la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, y el texto refundido de la Ley Concursal.

Dada la relevancia del anteproyecto, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ha acordado solicitar al Consejo de Estado la emisión de un dictamen urgente sobre el mismo para agilizar su aprobación.

El anteproyecto de Ley de administradores y compradores de créditos, aprobado el 14 de mayo de 2024 en Consejo de Ministros, transpone una Directiva europea que fomentará la actividad transfronteriza, contribuyendo a la integración de los mercados europeos de créditos dudosos.

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En virtud de la norma, la administración de créditos dudosos pasa a regularse como una actividad económica sujeta a la supervisión, autorización y el registro del Banco de España.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto extender los requisitos de protección al consumidor-deudor y de transparencia a los préstamos no dudosos.

Un crédito se clasifica como “dudoso” cuando existen dudas sobre las posibilidades de pago que tiene el deudor y se cumplen varios requisitos legales. Los administradores de créditos son profesionales que actúan en nombre y por cuenta del comprador del crédito y realizan las tareas para poder cobrarlo.

La futura ley contiene disposiciones que protegen a los deudores, particularmente cuando son personas vulnerables, y somete la actividad de los administradores de créditos a autorización, registro obligatorio y supervisión por parte del Banco de España, según indica el organismo que preside Cani Fernández.


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