MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Sumar va a registrar este martes en el Congreso una proposición de ley para “actualizar y mejorar” el Ingreso Mínimo Vital (IMV), para que, en el momento en que se declara una situación de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil como la dana de octubre del año pasado, la aportación documental de los solicitantes “se quede reducida a una declaración responsable”.
“Son familias que no tienen acceso a sus casas, mucho menos a documentos que, como hemos visto además en la dana, probablemente hayan perdido y no podemos someterles a que hagan esa aportación”, ha anunciado la portavoz de Sumar en la Cámara Baja, Verónica Barbero.
Ha defendido que se trata de una reforma “imprescindible”, entre otras cosas, porque “en estos momentos hay miles de familias que están viendo cómo se les ha suspendido cautelarmente el IMV por un fallo de gestión de la propia Administración”, lo que “afecta a la posibilidad de supervivencia de estas familias”.
En su intervención en rueda de prensa, ha argumentado que “la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) en su última evaluación constató que el IMV tan solo está llegando al 36% de los hogares potencialmente beneficiarios”.
Sumar quiere “corregir el desfase que existe ahora mismo entre el momento del reconocimiento de esta ayuda del IMV y el de la revisión”. “En muchas ocasiones, esto significa que la prestación no llega a tiempo para cubrir situaciones de pobreza sobrevenida, pero es que en tantas otras lo que supone es un recálculo de los ingresos y que muchas familias tengan que devolver una gran parte del dinero que han recibido años atrás incluso”, ha explicado.
UNA DEVOLUCIÓN DE 9.000 EUROS
En este sentido, Verónica Barbero ha contado que hace meses se reunió con personas de la Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo, afectadas por esta situación, y le mostraron “documentos en los que se podía leer cómo la Seguridad Social le pedía a una persona que tenía unos ingresos mensuales de entre 400 y 500 euros, una devolución de 9.000 euros”.
“Estamos llevando a miles de personas a una situación de vulnerabilidad que es mucho mayor por cuestiones de gestión y esto no puede ser. Es necesario ajustar los mecanismos de cálculo, los mecanismos de revisión para que reflejen de manera más precisa la realidad de los hogares en el momento procesal oportuno”, ha subrayado.
Por otro lado, la portavoz de Sumar ha advertido de que hay “una carrera de obstáculos burocráticos y administrativos que retrasan, incluso en algunas ocasiones impiden, el acceso a la ayuda”, mientras que “la Administración ya dispone de gran parte de los datos que son necesarios para el reconocimiento de las ayudas”. “Necesitamos simplificar los procedimientos, automatizar la verificación de datos y permitir también, y por supuesto, la concesión de oficio”, ha apostillado.
“Nosotras lo que queremos con esta ley es avanzar en la simplificación de procesos porque esto es el camino y es necesario para avanzar hacia un modelo más universal, además de atender a la urgencia actual de muchísimas familias”, ha concluido.
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