HUELVA, 10 (EUROPA PRESS)
La Junta ha señalado este lunes que las agresiones a personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Huelva se han reducido un 53% en el último año. En concreto, subraya que “en 2024 se han registrado 66 agresiones –seis físicas y 60 no físicas o verbales– frente a las 142 contabilizadas en el año 2023 –25 físicas y 117 no físicas– y las 143 de 2022 –29 físicas y 114 no físicas–“.
La Delegación de Salud y Consumo ha destacado en una nota que estos datos, presentados en la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales del SAS, “ponen de manifiesto las últimas medidas específicas puestas en marcha en la provincia onubense para conseguir una reducción de estos actos violentos y minimizar sus consecuencias en los centros sanitarios”.
Precisamente, la Delegación encabeza la comisión provincial de agresiones a profesionales del sistema sanitario público andaluz constituida a tal efecto, en la que también están presentes los interlocutores de la Policía Nacional y Guardia Civil, los responsables de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de los centros y los letrados de la administración sanitaria.
Entre estas medidas, valoradas por la Dirección General de Personal del SAS para su posible implantación a nivel regional, se encuentran: visitas con los cuerpos y fuerzas de seguridad a los centros de atención primaria para adoptar acciones preventivas y recabar las opiniones de profesionales y cargos intermedios; participación de los Interlocutores Policiales Sanitarios en la sesiones clínicas o el incremento de las rondas de los vigilantes de seguridad en zonas con mayor incidencia de agresiones.
También se encuentran charlas informativas a los profesionales entregando los marcapáginas corporativos que recogen el procedimiento de actuación y las buenas prácticas en comunicación; la entrega durante la realización de los exámenes de salud del flujograma de actuación en caso de agresión; revisión de los dispositivos de alarma (botones antipánico) con realización de simulacros de funcionamiento, y adquisición de dispositivos de alarma individual para los profesionales de Urgencias.
La Delegación de Salud y Consumo ha destacado que “condena cualquier tipo de agresión”, ya sea física o verbal, a los profesionales sanitarios en el ejercicio de su actividad e insiste en que “este tipo de actos violentos no se pueden justificar bajo ningún concepto”.
También ha especificado que el SAS “cuenta con numerosos instrumentos para la lucha contra las agresiones”, recogidos en el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones, que incluye un programa especial de acompañamiento al personal agredido y un profesional con formación específica que ejerce como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas.
Esta figura del ‘profesional guía’, incorporada como novedad en los últimos años, tiene el objetivo de acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión. El plan habilita también canales “ágiles y rápidos” para que la persona que sufre una agresión, ya sea verbal o física, “no esté sola momentos después de ser agredida”. Además, se facilita atención psicológica “durante el tiempo que sea necesario” y asesoría jurídica para quien decide denunciar, a la vez que existe “una importante apuesta” por la formación y la capacitación.
Dicho plan ha venido también a “reforzar las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo”. Actualmente, los centros sanitarios onubenses cuentan con un total de 2.509 medidas de seguridad de distinto tipo: 109 cámaras de seguridad, 295 timbres en consulta, 47 consultas comunicadas con interfonos, 1.061 teléfonos en consultas, 57 salidas alternativas, 35 alarmas individuales y 831 terminales en puestos de trabajo en consultas con el software antipánico instalado, entre otras.
DELITO DE ATENTADO
La Junta recuerda que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública es considerada delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se están dictando sentencias con penas que oscilan entre los 12 meses y los tres años de prisión. De hecho, durante 2024 los letrados del SAS han realizado en la provincia de Huelva nueve asistencias a profesionales agredidos, logrando dos sentencias condenatorias, una de ellas tipificada como delito de atentado.
Desde la Consejería de Salud y Consumo han indicado que se está preparando también un régimen sancionador que se integrará en la próxima Ley de Salud. En este sentido, la nueva normativa en consonancia con la condición de autoridad pública del personal sanitario recogerá un régimen de infracciones y sanciones frente a agresiones en el ámbito sanitario.
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